Febrero de 1995. El superministro de Justicia e Interior, Alberto Belloch, coordina la entrega de un fugado director de la Guardia Civil, Luis Roldán. Para ello ha mediado un supuesto militar laosiano llamado capitán Khan. Tras los intercambios económicos, a través de un extraño agente español, el huido regresa a España. Pero rápidamente Laos niega toda relación con el susodicho oficial y el misterioso intermediario se lleva por delante el dinero y la dimisión del ministro. Parece que esta maldición persigue al PSOE, porque nuevamente un todopoderoso ministro de Sanidad realiza un intercambio económico, para la compra de test sanitarios inadecuados, en el lejano Oriente y a través de un intermediario español. Ahora es China la que niega la homologación de dicho fabricante y nuevamente nadie sabe quien ha realizado el negocio. Pero hay una pequeña gran diferencia, en esta ocasión se han puesto vidas humanas en juego.

Cuesta entender porqué se le han devuelto los productos al vendedor. Sobre todo, porque son las pruebas que deben presentarse inmediatamente ante un juez por intento de profusión de la pandemia. Y aún más sorprendente es que se le pida al mismo proveedor que las cambie por otras que sí traigan una homologación verdadera. ¿Quién se atreve a fiarse ya de semejante compañía?

Ya nadie se cree la firmeza de las decisiones que se están tomando. Ahora se dice con mucha contundencia que se va a vigilar enconadamente los ERTE que se están realizando, buscando evitar el fraude y obligando a devolver hasta el último céntimo recibido. Esto, que debería ser lo habitual, no casa demasiado bien con el fraude que acaba de provocar la empresa que tramitó los test, es más, no solo no se le exige hasta el último euro, junto con todas las responsabilidades penales que traiga consigo, sino que se sigue negociando con ellos.

Por tanto es inmediatamente necesario que, si queremos mantener algo de confianza en estos tiempos tan difíciles, se cese a todos los responsables de la compra, se descubra a la empresa española que está detrás, aunque se llamase PAE S.A., y se denuncie judicialmente la situación. Han puesto en grave peligro a la población, proveyendo de test que dieron como sanos a enfermos de coronavirus. Y esto no puede pasar desapercibido, porque si seguimos lamentando a los fallecidos sin ser inflexibles con los desaprensivos, no nos recuperaremos nunca.