EL ministro del Interior ha reconocido que se produjeron excesos policiales en la represión de una manifestación de estudiantes que cortaron el tráfico en Valencia, y la delegada del Gobierno ha abierto un expediente para depurar las responsabilidades que pudiera haber.

En incidentes de este tipo interactúan varios factores. Las órdenes de la autoridad política pueden ser adecuadas o inadecuadas con respecto al desorden que se está produciendo, las decisiones concretas sobre el uso de la fuerza por parte de los mandos policiales, que se toman en caliente y sobre la marcha, también pueden acertar o errar, y tampoco es despreciable la presencia de provocadores que desvirtúan el derecho a manifestarse libre y pacíficamente que, sin duda, es lo que mueve a la gran mayoría de los jóvenes manifestantes.

Luego está el factor humano. Los agentes de policía que cumplen la orden de disolver una concentración no son autómatas programados para utilizar sus instrumentos de coacción con la precisión de un reloj con la pila nueva, sino personas corrientes sometidas a una situación de extrema tensión. Y, sin embargo, por ser servidores del orden público democrático, tienen que actuar con enorme responsabilidad y contención. El Estado ejerce a través de ellos uno de sus poderes esenciales -el monopolio en el ejercicio legítimo de la violencia, según la definición clásica- y ha de exigirles, a cambio de este privilegio, una utilización mesurada de sus armas. Proporcional al daño que se está causando al orden público y no indiscriminada. Hasta los insultos y agresiones verbales se pueden considerar gajes del oficio del uniformado, insuficientes para justificar que se pierdan los nervios.

Algunas de las imágenes de Valencia revelan que en este caso no ha habido proporción. Si alguien tira una piedra, se niega a dispersarse tras recibir los avisos reglamentarios o agrede a un policía, es evidente que debe ser neutralizado... con la mínima violencia necesaria, ni un grado más. Si un policía derriba con la porra al manifestante que le ataca, está en su derecho, pero no tiene por qué ensañarse con el caído y seguir golpeándolo cuando, indefenso, ha dejado de ser un peligro. En resumen: no intervenir como lo haría un particular en una riña, dejándose llevar por el instinto y la ira, sino como el representante activo de la violencia legítima de un Estado que garantiza la libertad de los ciudadanos.

Ya digo, esto no depende muchas veces de las consignas del Ministerio del Interior ni de las órdenes impartidas por el mando en cada circunstancia, sino del talante, profesionalidad y condición de cada agente en situaciones de máxima tensión y estrés.