El Gobierno de España reconoció tras el Consejo de Ministros del pasado viernes que incumplirá la promesa de Mariano Rajoy -realizada en la última Conferencia de Presidentes- de renovar el sistema de financiación autonómica antes de terminar el presente año. Tras meses de inacción, en los estertores de noviembre, el Ejecutivo admite que ya no hay tiempo para cerrar un acuerdo, aunque el ministro de Hacienda sostenga que incluirá las bases del nuevo modelo en el Presupuesto de 2018. La ineficiencia de la financiación de las autonomías es, seguramente, el principal problema a resolver en la cuestión territorial, si excluimos el desafío separatista catalán -cuya incomodidad en el encaje en el Estado tiene también un factor económico- y resolverlo ayudaría a rebajar la tensión en todo el territorio del Reino, también en Cataluña. Dotar de un nuevo modelo que permita financiar correctamente los servicios públicos básicos -sanidad, educación o políticas sociales- es por tanto no sólo un asunto importante, sino urgente. Dicho de otro modo: ya no es tiempo de más demoras, de regates parlamentarios. Es momento de sentarse a negociar entre instituciones, por un lado -en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera- y entre partidos de Estado, que consigan pactar un modelo de consenso y que funcione para, al menos, el próximo lustro. Ese nuevo modelo debe tener en cuenta a la población de cada territorio como un criterio básico de reparto, aunque haya elementos correctores. Es la posición que Andalucía debe defender en primer lugar. No cuestionamos el sistema de concierto de las comunidades con fueros -reconocidos en la Constitución- pero sí recelamos del cálculo del Cupo si éste impide que esas comunidades, proporcionalmente mejor dotadas de recursos, aporten de manera justa al sostenimiento del país. La propuesta de la Junta andaluza va en esa dirección de recalcularlo. Los derechos son de los ciudadanos y no de los territorios. Deben primar los principios de igualdad y solidaridad.