El Tribunal Supremo acaba de desestimar el recurso de Greenpeace, que solicitaba la anulación de la licencia de obras con la que la promotora Azata del Sol inició en 2003 la construcción del hotel del Algarrobico en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Los ecologistas cuestionaban la sentencia del TSJA que exigía al Ayuntamiento almeriense de Carboneras que revisase de oficio la concesión de ese permiso municipal antes de permitir la demolición del inmueble. A falta de conocer los fundamentos de la decisión que ha tomado la más alta instancia judicial española, de momento queda claro que el derribo de la estructura de veinte plantas que debía albergar 400 habitaciones, resulta inviable. La imagen de ese esqueleto paralizado desde 2006 tiene visos de perpetuarse. Un litigio bastante complejo que se prolonga ya desde hace más de tres lustros. El Ayuntamiento de Carboneras, un municipio de unos 8.000 habitantes y con 14 millones de presupuesto, quiso fomentar la vía turística con el hotel. En su momento, la legislación urbanística de la Junta se lo permitió. Más tarde, se modificó la norma para proteger completamente el parque. La obra, además , invadió la servidumbre del dominio público marítimo-terrestre. Ahora el municipio se resiste a revisar su licencia. Contempla que en el caso de hacerlo debería afrontar una indemnización que algunos expertos aventuran que superaría los cien millones. El Gobierno andaluz y el central firmaron hace más de un año un acuerdo para financiar la demolición del hotel y la restauración del paisaje. El presidente Juanma Moreno ha convertido el Algarrobico en un icono de su llamada "revolución verde". Pero si no hay un cambio radical en los pleitos judiciales pendientes de sustanciar, la única solución viable pasa por una negociación de las tres administraciones concernidas para alcanzar un acuerdo con la empresa perjudicada. La imagen del Algarrobico ya se ha convertido en pesadilla.