La libertad de los obispos

La actualidad ofrece, a un ritmo que invita a la preocupación, ejemplos del deterioro de la calidad democrática que está sufriendo la política española. Uno de los últimos ha sido la polémica creada por el Gobierno en torno a unas declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, a un medio de comunicación. El prelado no hizo afirmaciones extemporáneas ni radicales. Se limitó a constatar una situación de bloqueo político por la falta de Presupuestos y de avances legislativos y señaló como posibles vías de salida la cuestión de confianza, la moción de censura o la convocatoria anticipada de elecciones para dar la voz a los ciudadanos. Nada que no esté todos los días en las tertulias y las páginas de opinión de los medios y en el debate social. Argüello fue duramente descalificado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por algunos de sus ministros. Recibió acusaciones de no saber respetar el resultado de las elecciones o de poner la Iglesia al servicio de una determinada opción política. Llama la atención esta desmesurada respuesta gubernamental, que ignora los principios más básicos del sistema democrático. Los obispos tienen tanto derecho a opinar de la situación del país como la pueden tener los dirigentes empresariales o sindicales o los referentes culturales. La Iglesia tiene, por su parte, la obligación de orientar a sus fieles sobre los asuntos que condicionan su vida. Y la política es uno de los que más influencia directa tienen. El propio Argüello señaló que la Iglesia tiene derecho a opinar sobre política cuando están en juego principios esenciales como la vida, la familia o la acogida a los inmigrantes. Otra cosa hubiera sido que el presidente de la Conferencia Episcopal hubiera pedido el voto para un partido en concreto o hubiera descalificado a la persona del presidente del Gobierno. El representante de los obispos españoles ha ejercido su derecho a opinar y desautorizarlo por ello dice muy poco del respeto del Gobierno a la democracia.