Los independentistas eluden un deber constitucional

El 1 de julio de 1993, sólo cinco días después de que ETA matase a seis militares con un coche bomba en Madrid, el rey Juan Carlos I recibía en la Zarzuela al portavoz de Batasuna, Jon Idígoras, dentro de la ronda de contactos que mantenía para la investidura del presidente del Gobierno. A pesar de estos dramáticos momentos y de la rabia causada por los terroristas, el Rey se entrevistaba con quien era el líder del brazo político de ETA. Lo hago, le dijo, “por mandato constitucional”. Idígoras le llevaba una propuesta para lo que Batasuna llamaba “resolución del conflicto”, Juan Carlos I no la recogió y le explicó que debía entregársela al Gobierno. No hay en la actualidad momentos tan graves como los que España padeció durante los 40 años que ETA asesinó, y el Rey siempre estuvo allí, en su justo papel constitucional. Los partidos independentistas –ERC, Junts y Bildu, heredero en parte de Batasuna– han anunciado que no asistirán hoy a la ronda de consultas que inicia Felipe VI para una nueva investidura, a pesar de que es una obligación y también un derecho constitucional, porque es uno de los engranajes del mecanismo de expresión de la voluntad popular. Cabría preguntarse cómo conocerá el Rey a qué persona apoyarían estos partidos como presidente del Gobierno si no están dispuestos a comunicárselo a quien corresponde. Desde el inicio de la Transición han estado representados en el Congreso partidos que no estaban de acuerdo ni con la forma del Estado ni con la Constitución, pero la mayor parte de ellos participaba en estas consultas. En 2011, tanto el portavoz de ERC, Alfred Bosch, como el de Amaiur, Xabier Mikel Errekondo, asistieron a la última ronda de consultas del reinado de Juan Carlos I. ¿Y qué cabe decir de Convergencia, partido del que procede Junts, que siempre tuvo un trato exquisito en las instituciones? Comunicar al Rey una voluntad no es ningún gesto de reconocimiento, es participar en un mecanismo constitucional.