Cada 3 de diciembre recordamos algo que debería acompañarnos los 365 días del año: una sociedad inclusiva no se construye con discursos, sino garantizando derechos. Y en Málaga, donde más de 119.250 personas tienen reconocida una discapacidad, mayoritariamente mujeres, este compromiso de sociedad inclusiva, sigue estando lejos de cumplirse. No lo digo como eslogan; lo digo porque cada cifra, cada testimonio y cada expediente pendiente lo evidencian. Nuevamente como ha ocurrido en los cribados del cáncer de mama, son las mujeres las más afectadas por la nefasta gestión de nuestra administración autonómica.
Los Centros de Valoración y Orientación (CVO) en Málaga, encargados de reconocer el grado de discapacidad de nuestra ciudadanía, viven desde hace años en un estado de crónica insuficiencia de personal, lo que dispara los tiempos de espera, hasta tres años, y provoca desigualdades territoriales. Algo que desde CCOO llevamos tiempo denunciando, la Junta de Andalucía ha llegado incluso a rebajar la cualificación profesional exigida en los equipos de valoración (Decreto 3/2024), una falsa “simplificación administrativa” que ni agiliza ni mejora el servicio: simplemente precariza la atención, aspecto este que parece extenderse, como una mancha de aceite, por todas las administraciones públicas garantes de nuestros derechos.
Cuando el derecho tarda, el derecho se niega. Y no hablamos de casos aislados: hablamos de miles.
En relación al empleo para personas con discapacidad, Málaga, provincia que lidera la creación de empleo en el sector turístico, la integración laboral de las personas con discapacidad sigue atrapada en un patrón conocido: temporalidad, parcialidad y ocupaciones elementales. Los datos del Sistema Argos muestran que en Andalucía el 70,6% de los contratos a personas con discapacidad son temporales y que más del 78% se concentran en el sector servicios, con apenas un 7% en ocupaciones técnicas.
La desigualdad de género también pesa: las mujeres con discapacidad reciben un 39% de las contrataciones frente al 60% de los hombres, lo que suma doble discriminación.
Por otra parte, una movilidad accesible en Málaga sigue siendo una asignatura pendiente, por no decir una utopía; aceras que no contemplan sillas de ruedas, semáforos sin avisos acústicos, edificios públicos sin accesibilidad universal o aparcamientos reservados insuficientes.
No podemos olvidar tampoco la dependencia: la tendencia política a sustituir servicios profesionales por prestaciones económicas, convierte a las familias en cuidadoras obligadas, debilitando el sistema y precarizando, una vez más, el derecho a la autonomía personal.
En CCOO exigimos, lo que ya parece una carta a los Reyes Magos:
El refuerzo de los CVO, con personal suficiente, cualificado y estable. Transparencia sobre expedientes, tiempos de espera y dotaciones de personal. Empleo digno y accesible, con más contratos indefinidos, adaptación de puestos y formación profesional específica.
Igualdad de género en el acceso al empleo y a los recursos. Un sistema de dependencia profesionalizado y público, sin doble copago ni retrocesos en calidad. Accesibilidad universal como derecho exigible, no como recomendación.
No pedimos privilegios: pedimos justicia.
La inclusión no es responsabilidad de las personas con discapacidad; es responsabilidad de quienes convivimos con ellas, trabajamos con ellas o diseñamos políticas públicas…de las empresas y de las administraciones; Y también, de cada ciudadano que ocupa una plaza reservada o no comprende que la accesibilidad no es un lujo…en definitiva la inclusión tiene que ser el espejo de una sociedad sana donde impere la justicia social.
Una Málaga moderna no puede presumir de innovación y progreso mientras deja atrás a más de 119.000 personas. Incluir no es integrar a alguien en “lo normal”: es ampliar lo normal para que quepa toda la ciudadanía.
