Adiós al rebaño

Ante la sordera de los poderes públicos la ciudadanía levanta la voz. "Los vecinos están descontentos porque no se ha contado con ellos". Estas declaraciones pertenecen al portavoz de la plataforma de vecinos de Estepona, Miguel Quirós, en relación al gran bulevar proyectado por el Ayuntamiento en la zona del Parque Central pero también podrían ponerse en boca de los colectivos de Marbella que se opusieron a la construcción de rascacielos en su ciudad o en la de los esteponeros que se niegan a que levanten una gasolinera junto a sus viviendas.

En una semana en la que la movilización ciudadana ha sido noticia a raíz de las protestas en el barrio de Gamonal, en Burgos, en la Costa del Sol hay pequeñas batallas que los ciudadanos de a pie siguen librando, con mayor o menor fortuna, en contra de las decisiones adoptadas por sus representantes políticos. De la victoria de Marbella se habló hace unas semanas, cuando la presión ciudadana, que contó con el respaldo de personalidades del mundo de la aristocracia y una gran repercusión mediática, consiguió hacer rectificar a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, del PP, y volvió a meter en el cajón el proyecto de construcción de torres de hasta 150 metros de altura en la ciudad.

En Estepona, los vecinos de varias comunidades de propietarios han acudido hasta el Parlamento europeo para exponer su descontento con la construcción de una gasolinera a escasos metros de sus viviendas. Según Yolanda Gómez, una de las afectadas, "ya que contamos con el apoyo de todos menos del Ayuntamiento hemos decidido elevar una queja" a Europa.

Pero, ¿por qué se llega a estas situaciones? Los vecinos lo tienen claro: no se les tiene en cuenta. En el caso de la gasolinera de Estepona el alcalde, José María García, del PP, en el Pleno forzado por la oposición a finales de 2013, anunció la convocatoria de una reunión con los vecinos y la empresa para tratar de llegar a un acuerdo. Los afectados aseguran que ese encuentro "estaba más que cerrado aunque se vendió como una novedad para acallarnos y que no nos manifestáramos".

Por su parte uno de los miembros del SAT en Estepona, Gerardo Galán, asegura que en este caso "no hay interés en escuchar al vecino porque hay un negocio que ya está cerrado". Galán, que colaboró en su día en la elaboración del reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento de Estepona, lamentó que este "no se haya aplicado nunca", caso similar al que denuncia en Marbella una de las personas que más activa se mostró en contra del GIL, Javier de Luis, quién señala que a pesar de que en esta última ciudad el reglamento contempla la posibilidad de que los vecinos planteen preguntas al pleno "no se ha permitido que se formule ni una sola ni se ha realizado ninguna consulta sobre las más de 40 modificaciones del PGOU que se han aprobado.".

Los reglamentos, a su juicio, "se hacen para controlar y para que el poder se rodee de personas que les den la razón, no de ciudadanos que hagan valer su opinión". En Marbella aún no se ha creado el Consejo Social que debía haberse puesto en marcha después de que la ciudad pasara a considerarse municipio de gran población mientras que en Estepona la plataforma vecinal lamenta que el alcalde creara un "consejo de sabios contando solo con unos cuantos con los que se reúne para hablar de lo bien que lo está haciendo todo mientras que no se escucha a la ciudadanía". Parece que 2014 se presenta activo y es que, según apunta De Luis "aunque el poder quiere controlar, la ciudadanía encuentra cauces para la protesta".