La Fundación Franz Weber ha formalizado una denuncia administrativa contra la organización de un espectáculo taurino de personas con acondroplasia (trastorno del crecimiento de los huesos que provoca enanismo) en la localidad malagueña Cortes de la Frontera por ser contrario a la Ley de derechos de personas con discapacidad y de su inclusión.

La citada entidad ha recordado este jueves que el Congreso y el Senado aprobaron en los últimos meses una propuesta que prohíbe estas actividades por suscitar burlas y mofas, por lo que urge a la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía que adopte todos los mecanismos legales para suspender la convocatoria.

Los naturalistas se basan en la disposición adicional decimotercera, que en su apartado 2 señala que "quedan prohibidos espectáculos o actividades recreativas en que se use a personas con discapacidad o esta circunstancia para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana".

Tanto el Congreso como el Senado ratificaron por mayoría la enmienda que prohibía de facto la convocatoria de "los mal llamados espectáculos taurinos cómicos, cuyo desarrollo busca las risas del público sobre personas con acondroplasia", indican en un comunicado.

La reforma legislativa fue el colofón a varios años de denuncias y presión de entidades que atienden a personas con diversidad funcional como la Asociación Nacional para Problemas de Crecimiento, la Fundación ALPE Acondroplasia, ADEE España, Afapac o CERMI.

También la Fundación ONCE anunció la puesta en marcha de un programa de integración sociolaboral para este grupo poblacional, recuerda la fundación, que cree urgente la respuesta de la Junta tras recordar que a principios de mes su homóloga extremeña denegó un permiso a un espectáculo idéntico por ser contrario a la norma.

Añade que existen dos denuncias administrativas en tramitación por convocatorias similares en Teruel y Murcia. Ante esta actividad que considera discriminatoria, la Fundación Weber no descarta solicitar al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que ponga en marcha los mecanismos legales necesarios para suspender la convocatoria.