Estepona disuelve las empresas municipales y asume sus trabajadores

Las negociaciones que el equipo de gobierno de Estepona inició con los 720 empleados de las empresas municipales a principios de julio para dirimir su futuro laboral han llegado al fin a buen puerto. El alcalde de la localidad, José María García Urbano, integra hoy a estos trabajadores como personal laboral en la plantilla del Ayuntamiento y en los próximos días disolverá las cinco sociedades municipales. De esta forma, los empleados cobrarán las nóminas que se les deben de julio y se cumplirá el acuerdo de subrogar a la plantilla de las sociedades municipales, trámite que estaba pendiente desde hace más de cuatro años.

"La integración unificará y simplificará los procedimientos administrativos relacionados con el personal. De esta forma, se garantiza la seguridad jurídica de los empleados y se evita que las sociedades municipales sigan siendo un instrumento partidista de la administración y una vía para la contratación de personal", señaló ayer el concejal de área económica, Manuel Aguilar.

La aprobación de la integración de los trabajadores de las compañías municipales se realiza en varias sesiones plenarias previstas para hoy, un trámite necesario para dar carácter legal a los acuerdos alcanzados entre el Consistorio y los líderes sindicales de los empleados y para abonar los sueldos de este ejercicio, comenzando por el de julio. "En cuanto se produzca la integración del personal se abonarán estas nóminas pendientes", señaló Aguilar.

Una vez que los trabajadores se hayan incorporado a la plantilla del Ayuntamiento, el pleno de la Corporación celebrará varias sesiones extraordinarias para acordar la disolución y los procesos de liquidación de las empresas municipales. "No hay razón para seguir manteniéndolas", zanjó Aguilar. Las cinco empresas municipales se constituyeron entre los años 1999 y 2000. El edil aseguró que para evitar la disolución de las sociedades municipales haría falta una aportación de capital de, al menos, 74 millones de euros y recordó que la legislación mercantil prevé consecuencias "muy graves" para los administradores que no insten a la disolución de las empresas municipales cuando se encuentren en causa de disolución.