La construcción de una subestación eléctrica en Torrox desde agosto ha desencadenado un acalorado conflicto entre los vecinos y las autoridades municipales. A pesar de los intentos del Ayuntamiento por calmar las preocupaciones de la comunidad, los residentes han expresado "sus inquietudes y temores sobre posibles impactos en la salud" derivados de este proyecto.

Un colectivo de vecinos, preocupados por la proximidad de la subestación a solo 165 metros del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) El Faro, creó una plataforma ciudadana en oposición a esta ubicación y llevó a cabo concentraciones diarias cerca del área de construcción. Ante las denuncias presentadas por los vecinos, la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga llevará a cabo nuevas investigaciones sobre la ubicación y las licencias correspondientes, según ha podido saber este periódico.

La normativa que exige una mayor separación entre estas instalaciones y los centros educativos ha generado el rechazo de los residentes. En el Pleno del Ayuntamiento celebrado a finales de septiembre, se aprobó por unanimidad iniciar la búsqueda de una ubicación alternativa. El AMPA presentó cuatro opciones diferentes en respuesta a esta situación.

El Ayuntamiento destacó la importancia crucial de obtener un informe de la Universidad de Málaga (UMA) para determinar la idoneidad de la ubicación de la infraestructura. Este informe se considera fundamental y definitivo para confirmar si la ubicación actual es adecuada o no para la instalación en cuestión.

Antonio Ruiz, portavoz de la plataforma de vecinos afectados, manifestó su profunda "frustración! ante lo que percibe como una falta de respuesta y atención por parte del equipo de gobierno. El grupo se vio "forzado" a llevar adelante una denuncia formal ante la Fiscalía, dado lo que describen como "la clausura de toda posibilidad de diálogo". 

"Actualmente, la Fiscalía está llevando a cabo una investigación en curso, mientras nosotros continuamos descubriendo más aspectos técnicos que refuerzan nuestras dudas. Estas cuestiones no solo afectan a la salud, sino que también abarcan aspectos técnicos y medioambientales", detalló el representante de la plataforma.

La Fiscalía, en respuesta a la denuncia presentada el 16 de octubre, ha iniciado diligencias de investigación para "esclarecer los hechos y verificar posibles responsabilidades legales". Se mencionaron más de 12 puntos técnicos presentados por los vecinos que, según ellos, "invalidan la idoneidad de la ubicación de la subestación".

Durante la protesta, el abogado Francisco Alfonso Castro subrayó la inviabilidad legal del proceso y la importancia de salvaguardar a los niños y jóvenes del área. La plataforma instó al alcalde a respetar a las familias y resaltó que su objetivo es colaborar en la protección del bienestar de Torrox y su juventud, no luchar en su contra.

Por otro lado, fuentes municipales confirmaron que se proporcionará a la Fiscalía toda la documentación requerida en relación con la denuncia. Además, anunciaron una reunión informativa programada para este mes entre portavoces de la corporación municipal, representantes de Endesa y los vecinos, "aunque la fecha exacta está pendiente de consenso". Aseguraron que se ha entregado a los vecinos toda la documentación solicitada. También mencionaron que se realizará un informe de la Universidad de Málaga (UMA) después de la construcción y puesta en marcha de la subestación para evaluar su impacto en la salud de los vecinos.