Los Ayuntamiento de Fuengirola y Torremolinos han convocado Plenos extraordinarios y urgentes los días 16 y 17 de noviembre respectivamente, tras presentar el PP mociones para definir el posicionamiento de las corporaciones, mostrar su rechazo a la aprobación de una Ley de Amnistía y convocar manifestaciones tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

La alcaldesa de Torremolinos (PP), Margarita del Cid, ha convocado la sesión extraordinaria tras solicitarla el grupo municipal popular para "definir el posicionamiento de la Corporación ante tales hechos, entendiendo que los vecinos serán víctimas de un trato desigual por parte del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno una vez se materialicen los acuerdos alcanzados".

Entre los acuerdos que contempla la moción del grupo popular -que cuenta con la mayoría absoluta-, se encuentra el "rechazar las espurias acusaciones de 'lawfare' hacia los profesionales de la justicia española, contenidas en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts Per Catalunya en Bruselas".

Asimismo, proponen "rechazar rotundamente la injusta aprobación de una Ley de Amnistía, contraria a la letra y al espíritu de las normas contenidas en la Constitución Española de 1978". De igual modo, se propone en la moción "convocar pacífica y democráticamente a la población de Torremolinos para mostrar el rechazo a cualquier propuesta que contravenga el orden constitucional vigente o menoscabe la igualdad de los españoles", así como trasladar estos acuerdos a las Cortes Generales y a los Grupos Parlamentarios en el Congreso y en el Senado.

En el texto de la moción 'popular' se indica que "en los últimos días, los españoles hemos sido testigos de unos gravísimos hechos en la vida política nacional que quedarán grabados en la historia de nuestro país, materializados en un acuerdo suscrito por el PSOE y el partido independentista Junts Per Catalunya", que "suponen un ataque inusitado a los pilares esenciales de nuestro Estado social y democrático de Derecho, especialmente a la división de poderes del Estado y a la igualdad en derechos y obligaciones de todos los ciudadanos españoles".

A juicio del PP, "resulta completamente inadmisible que, con el único objetivo de mantenerse en el poder tras perder las elecciones generales del pasado 23 de julio, el PSOE haya claudicado ante un prófugo de la justicia, asumiendo como propio un discurso que constituye un ataque frontal a fundamentos de nuestro Estado de Derecho, como son los principios de igualdad ante la Ley de todos los españoles; la separación de poderes y la independencia judicial; o el equilibrio competencial y económico entre las diferentes comunidades autónomas que componen España".

También aluden a la "repulsa unánime" de "relevantes sectores de la sociedad" tras hacerse público el contenido del acuerdo entre PSOE y Junts, que "han coincidido en poner de manifiesto el daño irreparable que van a sufrir no sólo las instituciones fundamentales del Estado, sino los más básicos principios constitucionales".

Asimismo, exponen que "por primera vez en la historia de nuestra democracia, todas las asociaciones de jueces han realizado un comunicado conjunto condenando firmemente las gravísimas afirmaciones vertidas en el acuerdo". En el mismo sentido, añaden, "la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha suscrito un comunicado de repulsa que ha sido aprobado mayoritariamente por este órgano de gobierno de los jueces".

A ello, continúan "se han unido también, entre otras muchas, todas las asociaciones de fiscales, de inspectores de hacienda, del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, inspectores de trabajo y diferentes colegios profesionales" e, incluso, "la Asociación de Diplomáticos Españoles ha expresado su profunda preocupación y protesta".

Por otro lado, en el texto de la iniciativa inciden en que "la amnistía pactada supone admitir que los jueces, fiscales, abogados del Estado y abogados pertenecientes a los distintos colegios profesionales que intervinieron en las causas judiciales abiertas tras la insurrección soberanista en Cataluña, cometieron delitos de prevaricación al actuar ilícitamente y al obrar movidos por motivaciones políticas, cuando lo cierto es que el proceso judicial estuvo sometido a las máximas garantías jurídicas, salvaguardando el derecho de los procesados".

También apuntan que aludir a "una pretendida actitud de 'generosidad' o de 'reconciliación' como excusa en la concesión de la amnistía, no constituye más que una falacia que esconde como única motivación la de recibir el apoyo de unos golpistas para mantenerse en el sillón a toda costa".

Otros municipios se suman como Fuengirola, Ronda o Antequera

Otros municipios malagueños donde también se han convocado iniciativas similares son Antequera, Ronda o Fuengirola. En el caso de este último, el Ayuntamiento celebrará un Pleno extraordinario y urgente el próximo jueves, 16 de noviembre, a las 13:00 horas para rechazar el proyecto de Ley de Amnistía y en defensa del Estado de Derecho, una propuesta que ha sido presentada por la alcaldesa, Ana Mula (PP). 

El texto de la moción plantea seis acuerdos, entre ellos realizar un pronunciamiento público del Pleno rechazando el proyecto de Ley de Amnistía, y además convocar una concentración pacífica para el domingo 19 de noviembre, a las 12:00 horas, en la plaza de España, e invitar a todos los fuengiroleños a que luzcan en sus balcones la bandera nacional. 

De igual forma, la propuesta plantea que el Ayuntamiento se sume a la denuncia de todas las asociaciones de jueces, de los jueces decanos, de los presidentes de las Audiencias Provinciales y del propio Consejo General del Poder Judicial que han censurado el riesgo de quiebra de la separación de poderes que se desprende del acuerdo con los nacionalistas catalanes. 

Asimismo, el documento, que ha sido registrado hoy, someterá a votación de la Corporación municipal oponerse a la referencia al ‘lawfare’ o judicialización de la política y a sus consecuencias, expresar la oposición a la concesión de privilegios económicos o fiscales a cualquier comunidad autónoma por encima de otra, manifestar la repulsa ante la celebración de cualquier referéndum de autodeterminación de cualquier territorio de España, y trasladar lo decidido durante la sesión plenaria a las Cortes Generales y a los Grupos Parlamentarios en el Congreso y en el Senado.