"Nadie muere definitivamente mientras su recuerdo permanezca en su memoria. Ahora seguirá también en la de todo un pueblo y de tantísimas personas que nos apoyan en esta agónica lucha". La conmovedora reflexión es de Almudena Hidalgo, la madre de la menor de 3 años que en 2017 fue hallada junto a las vías del tren en Pizarra. La familia, bregada en distintas batallas judiciales desde aquel fatídico año por tratar de demostrar las negligencias que según su versión se cometieron durante la búsqueda de la niña, ahora la sentirá más cerca. El Centro Municipal de Atención Infantil Temprana de Alhaurín el Grande llevará el nombre de Lucía Vivar Hidalgo en una placa conmemorativa que este martes ha sido inaugurada. 

Así, en un emotivo acto al que han acudido numerosos vecinos y representantes de la corporación municipal de ambos municipios, se ha descubierto el rótulo que homenajeará a la niña que durante 10 días mantuvo en vilo a la provincia de Málaga. "Dentro de la tristeza, esto nos reconforta mucho", asegura la progenitora en declaraciones a este periódico.

La decisión fue adoptada por unanimidad de todos los grupos políticos en el Pleno celebrado el pasado mes de diciembre. "Se propuso por parte del equipo de gobierno y todos los partidos estuvieron de acuerdo", detalla agradecida Almudena Hidalgo. 

La desaparición en una noche de julio

La pequeña Lucía desapareció en julio de 2017 mientras jugaba con sus primos en la terraza del restaurante de la estación de Pizarra. Su cadáver fue hallado al día siguiente junto a las vías de la línea C-2 del tren de Cercanías, que une Málaga y Álora. Los padres han mantenido desde el principio que la niña no podía haber caminado sola y en la oscuridad por el rail. 

En marzo del año pasado, la Audiencia Nacional condenó a Adif a pagar un indemnización de 176.239 euros a la familia. En la sentencia se señala que tras la desaparición de la menor en la estación de ferrocarril de Pizarra "hubo una falta de colaboración en su búsqueda". Los progenitores consideraban entonces que su particular batalla judicial comenzaría en ese momento  y aseguraban que continuarían “luchando hasta el final”, para conocer la verdad sobre lo que ocurrió aquel día. “La indemnización no nos importa absolutamente nada. La lucha no ha terminado aquí”, aseveraba entonces en respuesta a la resolución judicial. 

Cinco años después de la muerte de su hija no han tirado la toalla. Almudena y su marido, Antonio, siguen esperando la resolución de un recurso que su abogado presentó tras el archivo de la causa penal iniciada sobre la muerte de la niña y el sobreseimiento de la denuncia presentada por los padres por supuestas negligencias durante la búsqueda. 

Sin indicios de terceras personas pese a las sospechas

Así, a través de un primer auto, la Audiencia desestimó el recurso presentado por la acusación particular, en representación de los padres, contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga de archivar la causa por la muerte de la niña, al considerar que tras las pruebas practicadas no existían indicios de delito ni de intervención de terceras personas en la desaparición de la niña.

La sentencia que condenó a Adif tenía su origen en la reclamación de responsabilidad patrimonial que los padres presentaron por los daños derivados de la muerte de su hija. El fallo recogía que la compañía no suspendió el tráfico ferroviario hasta que la menor fue localizada, "ni se adoptó correctamente la medida de seguridad de marcha a la vista en la circulación de los trenes". Por todo ello, el magistrado aprecia una relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y los daños reclamados.

Asimismo, según la resolución judicial, a la que ha tenido acceso Efe, el Centro de Protección y Seguridad de Sevilla no procedió al correcto visionado de la grabación de las cámaras de seguridad instaladas en la estación de ferrocarril de Pizarra "lo que hubiera facilitado la localización de la menor".

Dicho centro informó de que no se visualizaba nada en la referida grabación y, posteriormente, "cuando ya era demasiado tarde", sí confirmó que aparecía la imagen de la niña caminando hacia las vías del tren, en dirección a Álora.

Para los magistrados, "bastaba con el visionado de las imágenes grabadas durante diez minutos, concretamente desde las 23:30 horas a las 23:40 horas, pues ese fue el lapso temporal en el que la menor desapareció de la presencia de sus familiares". Se destaca en la sentencia que "ese visionado se debería de haber realizado con la diligencia y minuciosidad que el asunto requería".

Los jueces consideraron entonces que la actuación de Adif provocó que la búsqueda de la menor, "siendo noche cerrada, no se dirigiera hacia una dirección determinada, sin acotar ningún lugar para la búsqueda, circunstancia negativa que dificultó las actuaciones para localizar a la menor".

En la sentencia se indicaba también que la suspensión del tráfico ferroviario era una medida muy drástica, teniendo en cuenta que se desconocía si la menor se había dirigido hacia las vías del tren pero "era una posibilidad y, ante tal situación, la adopción de dicha medida estaba justificada", era una niña de 3 años "especialmente vulnerable".