Marbella se persona en el caso de los contratos irregulares en la gestión del PP

El Ayuntamiento de Marbella se personará como acusación particular en la causa judicial en la que se investigan los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con supuestas contrataciones irregulares en el Consistorio durante el Gobierno del PP.

La Junta de Gobierno Local acordó ayer la personación en el caso que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella "para tener conocimiento de todas las actuaciones y para defender los intereses del Ayuntamiento", según ha anunciado el portavoz del Ejecutivo local, Javier Porcuna.

La semana pasada, el juez Gonzalo Dívar incoó diligencias previas "contra quienes resulten responsables en el transcurso de la instrucción de la causa" al considerar que los hechos "hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

Por su parte, el Ejecutivo local -integrado por PSOE, IU y Opción Sampedreña (OSP)- acordó en enero remitir a la asesoría jurídica externa del Ayuntamiento una docena de expedientes para que estudiara la posibilidad de exigir responsabilidades penales, civiles o patrimoniales a la exalcaldesa Angeles Muñoz por el supuesto daño causado al Consistorio con dichas contrataciones.

Según el Gobierno municipal, el PP contrató a personal de confianza como cargos de "alta dirección", a través de las sociedades municipales y los organismos autónomos locales, incorporaciones que "según han determinado diferentes juzgados se produjeron en fraude de ley", lo que obligó al Ayuntamiento a reincorporar o indemnizar a estos trabajadores.

La asesoría jurídica externa del Ayuntamiento presentó la documentación ante la Fiscalía de Área de Marbella, que apreció indicios de prevaricación y malversación de caudales públicos y remitió la misma a los juzgados para que se incoasen diligencias previas. Tras las sentencias judiciales que consideraban fraude de ley las doce contrataciones, ocho de los doce trabajadores han optado por la readmisión y se encuentran en situación de personal indefinido en el Ayuntamiento.

El Ejecutivo local ha cifrado en alrededor de 400.000 euros el daño económico al Consistorio en indemnizaciones y salarios de tramitación. El equipo de Gobierno ha denunciado que las contrataciones se hicieron sin transparencia, sin concurso público y en algunos casos sin la titulación preceptiva al cargo que se ocupaba o con salarios por encima al equivalente en la plantilla municipal.