Once años llevan batallando los miembros de la asociación Salvemos Nuestras Casas de la Axarquía (Soha, por sus iniciales en inglés Save Our Home in Axarquía) para legalizar sus viviendas. Las que, como ellos defienden, compraron con todos los permisos y licencias municipales que requerían a las administraciones y atendiendo a las exigencias de cualquier contrato de compraventa. Los primeros en adquirir esas viviendas en suelo no urbanizable lo hicieron hace dos décadas, pero no fue hasta 2008 cuando se dieron cuenta que ellos, como “compradores de buena fe”, tenían un problema. Entonces se constituyeron en asociación.

Muchos son los logros que han conseguido a lo largo de los años, entre otros la posibilidad de regularización de 25.000 viviendas en la comunidad tras la modificación de la Ley de Ordenación de Suelo de Andalucía (LOUA) aprobada hace tres veranos. Para ello, se podrían acoger a la figura de Asimilado Fuera de Ordenación (DAFO) aunque seguirían sin ser legales.

En abril de este año, el Parlamento Andaluz aprobó una Proposición de Ley que permitirá el acceso a los servicios básicos para viviendas situadas en asentamientos que construyeron sin proyecto de urbanización. Pero ese no es el problema que tienen los más de 10.000 afectados de la Axarquía. “Nuestra pregunta es siempre la misma. ¿Qué pasa con aquellos que cumplimos con todas nuestras obligaciones?”, expuso el portavoz de Soha, Mario Blanke, quien lamentó que “teniendo todos los permisos estemos en desventaja con respecto a los que construyeron sin tenerlos”. Su fin último es la legalización de sus viviendas de forma que no pueda tener problemas en caso de una futura venta, una herencia, pedir un crédito o hacerle una reforma.

Philip Smaley y Mario Blacke, miembros de Soha.

Por ello, su último recurso, de momento, es acudir al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, para que haga de mediador entre los afectados y las administraciones públicas.

“Estamos preparando un dossier completo apoyado de informes jurídicos para que pueda iniciar el expediente que nos ayude a conseguir para nuestras viviendas la figura de Legal Fuera de Ordenación”, explicó Blancke. Ésta es la que se aplica por ejemplo, a las viviendas que fueron construidas en terrenos que con posterioridad fueron declarados Parques Nacionales o con otra figura de protección de la naturaleza.

“Pedimos el reconocimiento de la legalidad de las viviendas amparadas por permisos municipales. Seguimos reivindicando la legalidad de nuestros permisos. Y parece que nuestros esfuerzos están dando sus frutos, posiblemente a través de lo que menos nos esperábamos: el Consejo Consultivo. En Alcaucín, desde hace unos dos años, a través de nuestros servicios jurídicos, tras incoar de oficio la revisión de los títulos habilitantes para edificaciones en suelo no urbanizable, proponemos la aplicación del artículo 110 de la Ley 39/2015”, indicó el también teniente alcalde de este municipio axárquico. Éste hace referencia a que la revisión de las licencias “no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes”.

El colectivo pide que la revisión de las licencias se quede en 10 años, la mitad del tiempo actual

En este sentido la propuesta de Soha es modificar la doctrina del Consejo Consultivo de Andalucía con respecto al “límite de revisión y optar por un plazo razonable de 10 años y no tener que depender de una interpretación subjetiva del tiempo transcurrido. “No es normal hacerlo a los 20 años, nuestra propuesta es que se establezca para un máximo de 2007, que exista más flexibilidad”, añadió.

El pasado mes de junio el presidente de Soha, Philip Smalley, y los portavoces Fernando Montero y Mario Blancke se reunieron con el secretario general de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, Andrés Gutiérrez, y el director general de Ordenación del Territorio, José María Morente, para presentarles un conjunto de propuestas para que estudiasen la viabilidad para su inclusión en el decreto que se está redactando, o en su caso, en la nueva Ley de Ordenación Urbanística, también en fase de borrador.

Los miembros de Soha volvieron a insistir en la importancia de distinguir entre los propietarios que cumplieron con todas las exigencias municipales y que por lo tanto poseen las licencias de obras y de primera ocupación.Así, les instaron a mantener la vigencia de estos títulos a través de la figura de Legal Fuera de Ordenación. “Visto que la revisión de estos títulos habilitantes está condicionada por el informe preceptivo por parte del Consejo Consultivo de Andalucía, sería importante conocer el punto de vista de este órgano para en su caso llegar a una modificación de la doctrina de este último”, resaltó Blacke que espera retomar las reuniones tras el verano.