Regreso a la incertidumbre

La sentencia ha vuelto a poner de manifiesto la confusa situación jurídica que ha envuelto en los últimos años la planificación urbanística de Marbella, después de que el Tribunal Supremo declarara nulo de pleno derecho el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del año 2010. Pese a todo, el alcalde, José Bernal, aseguró ayer que las licencias de obra otorgadas hasta el momento son "firmes y se ajustan a derecho", por lo que descarta la paralización del urbanismo en Marbella. En este sentido, insistió una vez más en que desde el equipo de gobierno "se está trabajando para garantizar la seguridad jurídica en materia de ordenación del territorio".

Bernal, acompañado por la concejala de Urbanismo, Isabel Pérez, y los portavoces de los partidos del equipo de gobierno, señaló que para garantizar la tranquilidad de los inversores "se va a seguir trabajando sobre la base del PGOU de 1986 con las modificaciones y adaptaciones pertinentes", con lo que las licencias de obra que se encuentran en tramitación se tendrán en cuenta en base a este documento, mientras desde los servicios jurídicos del área de Urbanismo ya se está trabajando en la subsanación de dicho documento.

En cuanto al sistema de compensaciones, explicó que se realizará una petición de aclaración de la sentencia al Alto Tribunal "para darles la máxima protección posible a los compradores de buena fe". Por último, Bernal apuntó que se encuentra en permanente diálogo con el responsable de la consejería de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía "para ir de la mano entre las distintas administraciones buscando el interés general de la ciudad".

La exalcaldesa del municipio y portavoz de los populares en el municipio, Ángeles Muñoz, eludió cualquier tipo de responsabilidad política y puso de manifiesto su "absoluta colaboración" con el equipo de gobierno. En cuanto a la aprobación del PGOU que ahora se anula, Muñoz explicó que en su elaboración trabajaron de manera conjunta tanto el Ayuntamiento como la Junta "con el fin de devolver la seguridad jurídica, la seguridad urbanística y sobre todo la credibilidad y confianza de inversores y de la propia ciudad".

Por otra parte, el presidente de la Asociación de Empresarios y Profesionales de Marbella, Juan José González, se mostró optimista e insistió en la necesidad de buscar una solución rápida y flexible para paliar el impacto de la sentencia en el urbanismo de la ciudad. "Si somos capaces de tener listo un avance del plan en diez meses todo se tranquilizará y el impacto sobre la inversión será mínimo", comentó.

También el presidente de Promotur, Ramón Dávila, subrayó el efecto negativo de la sentencia del Alto Tribunal y su repercusión en la actividad inmobiliaria y la imagen de la ciudad. "De alguna manera todos éramos conscientes de las debilidades que jurídicamente tenía el sistema de Fustegueras y lamentablemente no es la primera vez que el Supremo anula planes elaborados por él", señaló, haciendo referencia al municipio de Chiclana, donde el Supremo anuló el PGOU elaborado por Manuel González Fustegueras, tal y como ha ocurrido con la sentencia del pasado miércoles en Marbella.

"Ahora nos encontramos con un vacío legal y urbanístico terrible, ya que habría que volver al plan del 86, que es tan antiguo y está tan superado por la realidad que es prácticamente como si no hubiera plan", comentó, tras lo que añadió que la solución pasaría, a su juicio, por la redacción de un documento de ordenación urbana de carácter provisional que actualice el plan del 86 y que permita continuar con la actividad urbanística en determinadas zonas.

Por su parte, el presidente de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (ACP Málaga), Emilio López, mostró su preocupación ante la sentencia del Alto Tribunal, la cual asegura "ha supuesto un durísimo golpe a la tímida recuperación del sector, cuyo epicentro está muy focalizado en Marbella".

López manifestó que la anulación tanto del PGOU de Marbella como del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol "va a generar un vacío legal que afectará a la confianza de los inversores nacionales e internacionales que, tras largos años, volvían a ver a la provincia de Málaga como un destino seguro para invertir".

Por el contrario, el presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, Ricardo Arranz, señaló que si bien la noticia había sentado como un "jarro de agua fría" en estos momentos, se mostró tranquilo y alegó que se trata de una sentencia "justa y esperada". "El PGOU actual era un plan inviable que se aprobó con más de 18.000 alegaciones y sin consultar al sector empresarial solo por querer aprobar esas más de 16.000 casas ilegales y que ha bloqueado el desarrollo de Marbella", manifestó.