La sentencia ha vuelto a poner de manifiesto la confusa situación jurídica que ha envuelto en los últimos años la planificación urbanística de Marbella, que tras la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010 complica aún más la situación urbanística de la misma. Así las cosas, y tras dejar sin efecto el planeamiento aprobado entonces, volvería a entrar en vigor el PGOU del año 1986, el único aprobado en los últimos treinta años, según confirmó ayer la concejala de Urbanismo, Isabel Pérez. "Mañana [hoy] habrá nuevas reuniones con las diferentes delegaciones para ver de manera conjunta, jurídica y técnicamente, cómo se tiene en cuenta, pero en principio todos los indicios es que el plan que estaría vigente ahora es el de 1986", señaló.

"Habrá que ver lo que tenemos y lo que contempla el plan del 86 y lo que administrativamente podemos seguir asumiendo", añadió Pérez, en respuesta sobre la situación de las más de 16.500 viviendas irregulares construidas en el municipio y legalizadas en el PGOU de 2010 y que ahora ha dejado de tener validez.

No obstante, la edil del área de Urbanismo quiso dejar claro que desde el Ayuntamiento se estudiarán todas las medidas para "intentar seguir dando seguridad jurídica siguiendo el interés general".

También el alcalde, José Bernal, se manifestó en los mismos términos tras conocer la sentencia del Alto Tribunal, y afirmó que el gobierno de Marbella "garantiza la seguridad jurídica a los inversores y promotores con independencia de los fallos judiciales".

En este sentido, el primer edil subrayó que independientemente de la sentencia, "la seguridad jurídica de la ordenación del territorio en el municipio está garantizada gracias a la gestión rigurosa de nuestro gobierno" y aseguró que "el nuevo ejecutivo de Marbella está comprometido desde primera hora con la agilidad burocrática en materia urbanística, el incentivo a las inversiones y la garantía jurídica de la ordenación del territorio".

Bernal detalló que nada más conocer el fallo del Supremo "se ha puesto el mismo a disposición de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento y de los técnicos de urbanismo para estudiarlo conjuntamente con la Consejería competente de la Junta de Andalucía y tener un conocimiento riguroso de la sentencia y sus implicaciones". "En función de esta análisis nuestro gobierno actuará buscando el interés general de la ciudad siempre siendo respetuosos con las decisiones judiciales", concluyó.