El Tribunal Supremo ha declarado nulo el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella del año 2010 que legalizó más de 16.500 viviendas irregulares construidas en el municipio con el respaldo del PP, el PSOE y la Junta. Lo ha hecho con tres sentencias distintas que estiman favorablemente los recursos presentados por una comunidad de propietarios y dos sociedades contra otras tantas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que rechazaron sus impugnaciones contra dicha revisión. Las tres resoluciones llegan a la misma conclusión: el planeamiento vigente de Marbella es nulo de pleno derecho por varios motivos, como que el PGOU no tenía potestad para legalizar lo ilegalmente construido, que no cumple las normas de evaluación de los efectos medioambientales, y la ausencia de un informe de sostenibilidad económica.

En el texto de la sentencia, el Alto Tribunal se declara consciente de "la situación generalizada de ilegalidad urbanística existente en el municipio de Marbella, como consecuencia de las numerosas actuaciones llevadas a cabo al margen -o contra- lo previsto en el anterior PGOU del municipio de 1986". Igualmente, señala ser conocedor de que esta amplia ilegalidad ha creado una situación excepcional que provoca "repercusiones en el ámbito de la gestión política de la ciudad".

El Supremo destaca el "loable intento" municipal y autonómico para regularizar la situación del modelo urbanístico de la ciudad, algo que está plasmado en la revisión del PGOU, pero considera incumplidas sus obligaciones de controlar la legalidad de la citada revisión de 2010.

Los argumentos que ofrece el Alto Tribunal para la anulación son, en primer lugar, que no corresponde al ámbito de la potestad de planeamiento modular la legalización de lo ilegalmente construido, así como que tampoco "está en manos del planificador alterar o desfigurar el concepto de Suelo Urbano Consolidado".

Al mismo tiempo, el Supremo considera que no resulta jurídicamente posible proceder a la alteración del planificador de los mecanismos legales de responsabilidad por el incumplimiento de los deberes urbanísticos, considerando como principio esencial la atribución de la misma a los promotores de las construcciones en contra de lo previsto en el artículo 19 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008.

Igualmente, señala en su argumentación, que carece de apoyo la exigencia de nuevas prestaciones que alteran el equilibrio del derecho de propiedad y que además dependen de la modulación del nivel de legalización realizado por el propio planificador.

Por último, dice que no queda cumplida la exigencia de la directiva europea sobre evaluación medioambiental, ya que el estudio que consta no analiza las posibles alternativas a la finalmente propuesta, ni siquiera las identifica, y que también falta un informe de sostenibilidad económica.

Uno de los recurrentes fue la comunidad de propietarios Las Lomas de Puente Romano, que consideraba improcedente que los terrenos de su propiedad fueran considerados como Suelo Urbano No Consolidado en el nuevo planteamiento. Por su parte, Europea de Complejos Comerciales S.A. reclamaba que los terrenos de la subzona sur de La Trinidad debían ser considerados como Suelo Urbano Consolidado y Ale Investment S.L. se mostraba en contra de las cargas de regularización.

Urbanizadores consideran que es una medida "justa y esperada"

El presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, Ricardo Arranz, mostró ayer su alegría ante las sentencias del Tribunal Supremo que han declarado nula la revisión del PGOU de Marbella de 2010 y considera que son "justas y esperadas". El presidente de los urbanizadores señaló que estas sentencias demuestran que el PGOU actual era "ingobernable e ingestionable" y que ha generado "injusticia". "No se pueden tapar los errores del pasado utilizando terrenos urbanizables para pasarlos a no urbanizables y así limpiar los errores de otros ayuntamientos que tenían el mismo valor que los actuales porque contaron con el respaldo ciudadano en las urnas", ha explicado. Arranz apuntó que ahora lo lógico sería iniciar la redacción de un nuevo plan de ordenación urbanística, aunque asegura que será "complicado y problemático" con un Ayuntamiento gobernado por un tripartito, pese a que el PSOE tiene "buena sintonía" con la Junta.