Vecinos de Los Álamos afectados por el ruido piden que se cumpla la legalidad

Tras 12 años de denuncias los vecinos de Los Álamos y La Cizaña afectados por el ruido de los chiringuitos en estas áreas no se dan por vencidos. Pese a los intentos del nuevo equipo de gobierno de poner fin a los excesos en esta zona limitando el horario de apertura hasta las tres de la mañana para ajustarse a la licencia de restaurante, aseguran sentirse "contentos con la evolución aunque no satisfechos al 100%". "El volumen de la música ha bajado aunque no se ha terminado", comenta Vicente Jiménez, uno de los vecinos afectados en la urbanización La Cizaña, en el límite entre Málaga y Torremolinos.

Desde la llegada de los primeros chiringuitos en la costa hasta los siete que se encuentran actualmente en la zona no han sido pocas las quejas en los locales y las constantes llamadas a la policía a altas horas de la noche. "Empezaban a las tres o cuatro de la tarde de cualquier día de la semana y luego por la noche otra vez hasta las tantas de la madrugada", agrega Jiménez, quien asegura que cada día se acostaba y se levantaba con música antes de irse a trabajar. "Ha sido mortal los años que hemos pasado aquí", agrega Jiménez, quien también hizo hincapié en los problemas ocasionados por el botellón en esta zona del municipio.

La evolución desde el inicio de la temporada con la llegada de la Semana Santa, sin embargo, es favorable. Así lo corrobora también Jorge Gallego, uno de los vecinos que durante años ha denunciado repetidamente los excesos de ruido de estos locales, aunque sin éxito. "Entendemos la complejidad del caso y agradecemos que se haya tomado al menos una medida nos tranquiliza", señala.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Torremolinos ha abierto recientemente diligencias de contra el Ayuntamiento en torno a los expediente por exceso de ruido en los chiringuitos entre los años 2010 y 2014. "Queremos que el juzgado decida y que se cumpla la legalidad", concluyen.

El equipo de gobierno anunció al respecto que llevará a pleno la creación de una Comisión de Investigación que aclare las responsabilidades políticas y administrativas en las que se pudiera haber incurrido durante el periodo que está siendo investigado en el juzgado, así como una reestructuración de las áreas municipales con competencia en esta materia por considerar que no han funcionado correctamente, por lo que se pondrá en marcha una Unidad Específica Disciplinaria y Sancionadora, que centralice todos los expedientes administrativos relacionados con estos asuntos.