Los cargos públicos investigados en relación con el caso del vertedero de Nerja supuestamente ilegal existente en esta localidad han expresado su "respeto" por la postura de la Fiscalía, que acusa al alcalde, José Alberto Armijo, y a una edil en esta causa; pero han dejado claro que discrepan "rotundamente" de la posición del ministerio fiscal.

Así lo han indicado en un comunicado publicado en la web del Ayuntamiento de Nerja, en el que se indica que dichos investigados han asegurado que "respetan la posición que mantiene la Fiscalía en dicho procedimiento, discrepando rotundamente, ya que en todo momento el comportamiento político de los investigados no se corresponde con ninguna conducta delictiva".

"Considerando el escrito de la Fiscalía como un trámite procesal más y amparándose en la presunción de inocencia, los cargos públicos investigados confían tras el juicio, si llega a celebrarse, en un pronunciamiento judicial absolutorio", agrega el comunicado.

La Fiscalía de Málaga acusa a Armijo y a otras ocho personas en relación con este caso sobre la existencia durante años de un vertedero supuestamente ilegal en dicho municipio. Asimismo, pide el sobreseimiento de las actuaciones para cuatro investigados, entre ellos la exalcaldesa Rosa Arrabal.

En esta causa se ha investigado la existencia desde hacía unos 15 años de un vertedero, ubicado junto al río de la Miel, dentro del Parque Natural de Sierra Tejeda, Almijara y Alhama, en el que supuestamente se vertían "de manera incontrolada residuos de la construcción, peligrosos y podas".

Según el escrito provisional del fiscal, al alcalde, que ya fue regidor entre 1995 y 2015, y a una concejala se les acusa de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, solicitando una pena de dos años de prisión. Asimismo, se acusa a siete empresarios también por este mismo delito y el escrito se dirige también contra seis empresas.