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El fiscal pide dos años de cárcel para el alcalde de Nerja por el vertedero ilegal

  • El ministerio público acusa, además, a otras ocho personas, y pide el sobreseimiento de la causa para cuatro investigados, entre ellos la exalcaldesa Rosa Arrabal

  • La Fiscalía responsabiliza a Armijo de autorizarlo sin establecer ninguna medida

Vertedero ilegal en el Río de la Miel en Nerja.

Vertedero ilegal en el Río de la Miel en Nerja. / m.h.

La Fiscalía de Málaga mantiene la causa contra el alcalde de Nerja, José Alberto Armijo (PP) al que pide dos años de prisión y dieciocho de inhabilitación por el vertedero ilegal del paraje del Río de la Miel. Una investigación que fue iniciada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox en agosto de 2016.

Arrancó con trece procesados y más de 40 personas investigadas, este lunes la Audiencia de Málaga confirmaba la decisión de dicho juzgado de mantener como investigado al regidor, a la concejal de Urbanismo y Vivienda, Mari Nieves Atencia (PP) y a siete empresarios del sector que operaban en Nerja. La Fiscalía ha retirado los cargos a la ex alcaldesa, Rosa Arrabal (PSOE) y al que fuera concejal de Medio Ambiente durante su mandato – desde 2015 a 2019–, Jorge Bravo (IU).

El escrito remitido por el Ministerio Público al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox recoge que el alcalde de Nerja podría haber incurrido en un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente entre 1995 y 2015.

Durante algunos años de este periodo Atencia fue concejal de Medio Ambiente por lo que también le piden la misma pena. Además solicitan dieciocho años de inhabilitación, y una multa diaria de 20 euros durante 12 meses hasta llegar a la cifra de 7.300 euros. El que ha quedado fuera de la causa ha sido José Miguel Jimena (PP) que también fue concejal de esta misma área entre 2007 y 2011.

El Ministerio Fiscal también ha pedido dos años de prisión para los siete empresarios y una multa diaria de 50 euros durante 12 meses para sus empresas hasta llegar a 18.250 euros. Además todos ellos deberán responder y pagar solidariamente las obras para la restitución del paraje a su estado original, actuaciones que fueron tasadas inicialmente en torno a los 11.000.000 de euros.

El escrito del Ministerio Fiscal recoge que el alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, fue quien autorizó en 1998 la explotación de la antigua cantera del Río de la Miel como vertedero. Ésta estaba ubicada en pleno Parque Natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama y durante veinte años se estuvieron arrojando vertidos de todo tipo sin control y sin medidas de seguridad. Los empresarios llevaban hasta este espacio medio ambiental desde restos de construcción a electrodomésticos pasando por podas, plásticos y residuos peligrosos.

En el auto, el juez recogía que el regidor habría participado “activamente en la constitución del vertedero no autorizado, llegando a ordenar el vertido de escombros en la antigua cantera alegando razones de urgencia pero sin obtener en su mandato las autorizaciones administrativas precisas para desarrollar esa actividad” en dicho terreno. Además, consideraba que tuvo conocimiento de los expedientes sancionadores iniciados.

Asimismo, el titular del juzgado torroxeño añadía que pese a las medidas cautelares dictadas, que ordenaban la suspensión de la actividad, presuntamente “no adoptó decisión alguna ni ordenó promover expedientes para paralizar o eliminar la actividad desarrollada en el vertedero”.

Armijo y Atencia “respetan” la decisión pero “discrepan”

En relación al escrito que la Fiscalía de Málaga ha remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox por el caso del vertedero ilegal del paraje del Río de la Miel, los cargos públicos investigados “respetan la posición que mantiene el Ministerio Público en dicho procedimiento, discrepando rotundamente”, ya que, según explicaron en un comunicado, “en todo momento el comportamiento político de los investigados no se corresponde con ninguna conducta delictiva”.

Además, a través de la página web municipal, manifestaron que “el escrito de la Fiscalía como un trámite procesal más y amparándose en la presunción de inocencia, los cargo públicos investigados confían, tras la celebración del juicio, en un pronunciamiento judicial absolutorio”. La Fiscalía de Málaga también ha retirado los cargos - además de a la exalcaldesa socialista de Nerja, Rosa Arrabal, su concejal de medio ambiente Jorge Aurelio Bravo y Jimena, edil del gobierno de Armijo - a otras dos personas incluida una funcionaria de la delegación territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga porque consideran que no queda constancia de que tuvieran conocimiento real de la situación del vertedero ni una participación voluntaria y decisiva en los hechos.

La Fiscalía de Málaga ha acusado al alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, por el caso del vertedero supuestamente ilegal en dicho municipio, solicitando para el regidor dos años de prisión. Además, acusa a otras ocho personas más y pide el sobreseimiento de la causa para cuatro investigados, entre ellos la exalcaldesa Rosa Arrabal.

En esta causa se ha investigado la existencia desde hacía unos 15 años de un vertedero, ubicado junto al río de la Miel, dentro del Parque Natural Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama, en el que supuestamente se vertía "de manera incontrolada residuos de la construcción, peligrosos y podas".

Según el escrito provisional del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, al alcalde, que ya fue regidor entre 1995 y 2015, y a una concejala se les acusa de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Asimismo, acusa a siete empresarios también por este mismo delito y el escrito se dirige también contra seis empresas.

En noviembre de 2019 la Audiencia de Málaga acordó seguir la causa por el supuesto vertedero ilegal en Nerja contra Armijo y Arrabal, junto a otras once personas, desestimando los recursos presentados por las defensas de varios de los investigados en este caso, entre ellos la ex alcaldesa y el regidor, que entendían que no existía "ni siquiera de forma indiciaria" la conducta delictiva que se les achaca y que habría que decretar el sobreseimiento de la causa.

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