Benalmádena aprueba crear una oficina municipal de antiokupación para asesorar a propietarios y vecinos

Actuará como un punto de información y apoyo legal para los ciudadanos o arrendadores que deseen alquilar sus viviendas de manera segura

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Pleno municipal.
Pleno municipal. / M. H.

El pleno del Ayuntamiento de Benalmádena ha aprobado una moción para la creación de una oficina municipal de antiokupación, un nuevo servicio destinado a ofrecer asesoramiento jurídico y apoyo técnico a propietarios y comunidades de vecinos afectados por la ocupación ilegal de viviendas. La iniciativa ha salido adelante con los votos favorables del equipo de gobierno que encabeza el alcalde Juan Antonio Lara y el respaldo del grupo municipal de VOX.

La propuesta fue defendida en el pleno por el concejal de Vivienda, José Luis Bergillos, quien ha subrayado la necesidad de dotar al municipio de herramientas eficaces frente a un fenómeno que consideran “creciente y preocupante”, especialmente en la provincia de Málaga, una de las que registra un mayor número de demandas judiciales relacionadas con la ocupación de inmuebles.

Según ha recogido la moción aprobada, la futura oficina de antiokupación actuará como un punto de información y apoyo legal para los ciudadanos. Entre sus funciones estará la orientación a propietarios que deseen alquilar sus viviendas de forma segura, informándoles sobre contratos, garantías y mecanismos de prevención, así como la asistencia a quienes ya sufren una ocupación ilegal y buscan recuperar su propiedad a través de las vías legales existentes.

Además del asesoramiento jurídico, el acuerdo contempla la prestación de apoyo técnico y la puesta en marcha de campañas de información y sensibilización dirigidas a la ciudadanía. Estas campañas estarán orientadas a difundir medidas de prevención, explicar los procedimientos legales disponibles y aclarar los derechos y obligaciones tanto de propietarios como de arrendatarios.

La moción incluye la solicitud de colaboración con otras administraciones públicas para reforzar la asistencia técnica y jurídica en esta materia. En el plano normativo, el Ayuntamiento insta al Gobierno de España a revisar la Ley Estatal de Vivienda y la Ley Antidesahucios, con el objetivo de, según el texto aprobado, reforzar la protección de la propiedad privada y garantizar una mayor seguridad jurídica.

Otro de los puntos destacados del acuerdo es la petición al Ministerio de Vivienda para que ejecute de forma efectiva su presupuesto y desarrolle programas de apoyo destinados a jóvenes y familias con dificultades de acceso a la vivienda. Desde el equipo de gobierno consideran que mejorar el acceso a una vivienda digna es una vía complementaria para reducir situaciones de ocupación irregular.

Bergillos ha señalado que esta iniciativa pretende abordar el problema “de manera integral”, combinando medidas de apoyo a los propietarios con políticas que favorezcan un mercado de la vivienda “más dinámico, seguro y accesible”. Con la creación de esta oficina, el Ayuntamiento de Benalmádena busca posicionarse, según sus promotores, a la vanguardia municipal en la lucha contra la okupación ilegal y en la defensa de los derechos de vecinos y propietarios.

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