Benalmádena celebrará un Pleno extraordinario para abordar la gestión del agua

El Ayuntamiento de Benalmádena celebrará un Pleno extraordinario para abordar la gestión del agua en la ciudad, tras la finalización de la concesión otorgada a la operadora Emabesa el próximo 16 de junio, según ha destacado este jueves el Consistorio.

La sesión extraordinaria se celebrará a petición del PSOE, que destaca en la exposición de motivos de la propuesta -a la que ha tenido acceso este diario- que tras el fin de la concesión “queda sumida en la incertidumbre y la inseguridad jurídica” la continuidad de la gestión del servicio de abastecimiento de aguas en Benalmádena.

Así, los socialistas señalan que una vez concluida la concesión otorgada en el año 2000 “no existe más relación entre la empresa público- privada y el Ayuntamiento”, salvo la que este último quiera mantener. Todo ello, después de amortizar “las inversiones previstas inicialmente” e “ingresado en las arcas municipales el canon de 14 millones” por parte de Emabesa por el uso a título lucrativo de la red municipal.

En la propuesta se destaca que Emabesa es una sociedad de capital público y privado al 50% y que sus estatutos marcan que “tendrá una duración máxima de 30 años, al término de la cual quedará extinguida”, aunque en el documento se precisa que en la oferta presentada por el socio privado ésta “quedó definitivamente establecida en 25 años, que se cumple el próximo día 16 de junio”.

En este sentido, la solicitud del PSOE apunta a las causas de disolución, en base al texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas; y a que los entes locales “podrán elegir la forma de gestión” entre las establecidas en la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL), como la “directa” o la “indirecta”.

Por ello, el grupo municipal solicita la convocatoria de un Pleno extraordinario, que contempla como orden del día el debate de una moción para instar a “la gestión directa y con capital 100% público” del servicio de abastecimiento de aguas.

También se propone la creación de una comisión informativa municipal y la elaboración de informes técnicos por los distintos departamentos municipales sobre “las posibles formas de gestión y las consecuencias de mantener en precario el servicio” si el 17 de junio no hay ninguna concesión.

En la moción se añade que mantener en precario la concesión “significa dejar de percibir en las arcas públicas un nuevo canon de explotación de la red pública, que actualizando los 14 millones del año 2000 a 2025, serían 25 millones”. A ello suman “las inversiones obligadas en virtud de un nuevo acuerdo, y que no se realizarán hasta que hubiese un nuevo explotador o se decidiese una nueva forma de gestión”, además de suponer un “agravio comparativo” con las empresas que acudieron a la licitación.

Por su parte, el Ayuntamiento se ha limitado a decir que “el Pleno se convocará, dentro del plazo legal previsto, que es un derecho que les asiste a los concejales de la Corporación”, aunque no ha precisado qué modelo de gestión defiende el Consistorio para el servicio de aguas.