El juicio que decidirá la posible extradición del ex concejal marbellí Carlos Fernández, acusado por corrupción, arrancó ayer en Argentina, donde tuvo lugar la declaración de los testigos, entre ellos la de su mujer, Carla Copari. Aunque no será hasta mañana cuando se conozca públicamente la decisión del titular del Juzgado Federal número 2 de la provincia argentina de San Juan, Leopoldo Rago, según avanzó ayer el Diario de Cuyo en su edición digital. Fernández fue detenido el pasado mes de septiembre, tras entregarse a las autoridades argentinas, poco después de que el Juzgado de instrucción número 5 de Marbella rechazara la personación de su hermano, el abogado Antonio Fernández, en el procedimiento para instar a la prescripción de sus delitos por su implicación en la Operación Malaya, dentro del caso Saqueo II, en la que se detuvieron a 90 personas por diversas causas de corrupción.

Cabe recordar que el también ex edil del Partido Andalucista desapareció del país en junio de 2006, hace ya 11 años, cuando al parecer se encontraba en Galicia realizando el Camino de Santiago, justo en el momento cuando la Policía trataba de detenerlo por su implicación en la corrupción de Marbella durante la última etapa del gilismo en la localidad.Cuenta con una decena de causas judiciales abiertas en España, en su mayoría en los juzgados de Marbella por asuntos relacionados con el urbanismo de la ciudad durante el gobierno del GIL tras la moción de censura. Desde entonces ha vivido en clandestinidad en Argentina, donde llegó a formar una familia.

Recientemente, el Consejo de Ministros remitió a las autoridades argentinas un total de hasta seis expedientes de solicitud de extradición del prófugo de la conocida como Operación Malaya, por la presunta comisión de diferentes delitos en nuestro país durante su actividad como concejal del Ayuntamiento de Marbella. De estas causas, en concreto, el tribunal federal le acusa de dos presuntos delitos: malversación de caudales públicos y falsificación de documentos dentro de la operación Saqueo II. Y, por otro lado, se le acusa de conceder una licencia de construcción para que una empresa edificara viviendas en un lugar que no estaba habilitado para este fin. Una de las clases es que el tribunal federal argentino estudia además si estos delitos están o no prescritos en ambos países para decidir o no acerca de la extradición del ex edil.