La empresa municipal del Ayuntamiento de Benalmádena Innoben S.A. suma una deuda de 722.000 euros en el último año, lo que arroja a la sociedad a una posible quiebra técnica, una situación que el equipo de Gobierno achaca a la gestión del anterior Ejecutivo con la gratuidad del transporte, según ha declarado la consejera delegada y primera teniente de alcalde, Presi Aguilera. Mientras, el PSOE señala que el servicio debería de haber contado con una dotación económica tras el traspaso de poderes.

Según el Consistorio, este “endeudamiento descontrolado” es fruto de “una clara dejadez” en la gestión del anterior Ejecutivo local, que ha estado “carente de los estudios económicos necesarios para comprobar la viabilidad del transporte público, así como de una falta de previsión de ingresos y otras partidas para el sostenimiento de este servicio”.

La responsable municipal ha señalado que esta situación “ha obligado al Ayuntamiento a hacer unas modificaciones presupuestarias de 2 millones de euros para cubrir la gratuidad del transporte y rescatar a la empresa de la quiebra técnica a la que Navas la abocó”.

Para evitar la quiebra de la empresa, el concejal de Hacienda, José Miguel Muriel, ha apuntado que se están “modificando puntos -modificaciones presupuestarias- para poder llevar los presupuestos a la aprobación inicial en el Pleno”, con el objetivo de “ver cómo subvencionar” la gratuidad del transporte y “rescatar a la empresa”, ya que Innoben cuenta con un “informe desfavorable” de la Intervención municipal porque “cómo lo había planteado el anterior Gobierno era inviable”. Ello es debido a que “se dio el transporte público gratuito a los empadronados sin asignar recursos económicos para poder mantener el servicio en el futuro”, ha agregado.

Consecuencias legales por no suspender la ordenanza

Por otra parte, el Gobierno municipal de Juan Antonio Lara estudiará las consecuencias legales a las que podría haber incurrido el exregidor, Victoriano Navas, por entre otras cuestiones, no suspender o derogar la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la prestación del servicio de transporte público de viajeros a través del autobús urbano, aprobada el 28 de julio de 2012 y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 12 de julio de 2012

El documento legal fue finalmente suspendido en el pasado Pleno de diciembre por el actual Gobierno municipal para poder garantizar la prestación del servicio de transporte, estudiar dentro de la legalidad las soluciones y seguir ofreciendo la movilidad gratuita para los empadronados, “una ventaja que nos comprometemos a mantener pese a la delicada y compleja situación financiera en la que han dejado esta empresa municipal”, ha explicado la consejera delegada de Innoben.

Entre las anomalías detectadas, ha indicado que se encuentra el coste de las líneas de transporte a demanda que puso en marcha Navas dos meses antes de las elecciones municipales, sólo para atender una zona concreta del municipio y que ha superado los 400.000 euros en ocho meses.

Esta opción a demanda ha llegado a tener un coste de 28 euros por pasajero y viaje, “otra medida electoralista que ha puesto en una situación crítica y al borde de la quiebra a la empresa, además de establecer una discriminación en la prestación de los servicios públicos con otros distritos y zonas del municipio a los que no se les facilitó este costoso sistema de transporte público”, ha remarcado Aguilera.

“El exalcalde actuó de forma autoritaria y dictatorial, no suspendió las ordenanzas fiscales de transportes ni llevó a cabo los trámites que rige ley para que esa decisión política se llevara a efecto de manera adecuada y conforme el marco legal al que todos estamos sometidos”, ha apuntado la responsable municipal.

De este modo, la primera teniente de alcalde ha destacado que el actual Gobierno municipal estudia la viabilidad de la empresa municipal, así como la distribución y el recorrido de las diferentes líneas urbanas con el fin de mejorar el servicio que se presta a los ciudadanos, llegar más lejos, atender las peticiones vecinales y adaptarlo a los retos de movilidad.

Entre estas medidas se contempla ampliar la línea 103 aumentando las frecuencias y los horarios para que los estudiantes puedan llegar a tiempo a los centros escolares, dando así respuesta a una de las principales quejas del servicio. Al mismo tiempo, ha incidido en que el Ejecutivo local mantendrá la gratuidad del transporte urbano, que llegará por primera vez a la Urbanización del Higuerón.

El PSOE señala que debería de haber una dotación económica del servicio

Por su parte, el secretario general del PSOE de Benalmádena, Víctor Navas, ha declarado que la referida deuda “es el transporte público gratuito que hay que pagar a Avanza”, empresa encargada de prestar el servicio de transporte urbano en la ciudad, destacando que el contrato con la compañía “implica que cuando hay un descubierto, el Ayuntamiento pone lo que no puede pagar la empresa”.

Así, el socialista ha señalado que con el traspaso de poder tras las elecciones municipales, “había que haber dotado económicamente esas partidas a través de la transferencia del propio Ayuntamiento o buscando otras vías de financiación”, apostillando que “les ha pillado el toro y ahora tienen una deuda”.

Navas ha apuntado que el Gobierno local puede “negociar esa deuda con Avanza, tal y como hicimos en el año 2012, cuando superaba casi los 3,5 o 4 millones de euros”. En este sentido, ha valorado que la crítica del Ejecutivo es “una cortina de humo para tapar lo que siempre han defendido ellos, que el transporte público gratuito no es viable”.

Por otro lado, ha recordado que durante su mandado se estudió poner el transporte público gratuito en base a que “permite aumentar el número de empadronados en la ciudad, porque son ellos quienes se benefician de esta medida, y además permite que el Ayuntamiento reciba más ingresos en la participación de los impuestos del Estado al tener más población”.

Al mismo tiempo, ha destacado que desde el año 2018 “ha estado en marcha el transporte público gratuito para pensionista y estudiantes”, aprobándose en el 2022 su extensión “para toda la ciudadanía”, lo que según ha indicado, ha contado con la aprobación de “los expedientes en el Consejo de Administración de la empresa, que es la responsable del transporte público en la ciudad y con el apoyo incluso del PP”.