La ONG que iba a alojar a 100 inmigrantes en una residencia de Torremolinos renuncia

Engloba, la ONG que el pasado Martes Santo iba a alojar a 100 inmigrantes en la antigua residencia de ancianos Miratorre de Torremolinos tras llegar a un acuerdo con la propiedad, la empresa Student Rental, ha renunciado definitivamente después de que el Ayuntamiento rechazara la apertura alegando que "carece de licencia de primera ocupación como de cualquier otra licencia de actividad". El responsable de Ayuda Humanitaria de la organización, Pedro Carricondo, ha confirmado a este periódico que toman esta decisión debido a la "situación administrativa" en la que se encuentra el inmueble y ha criticado la "excesiva presión policial" desplegada a sus puertas para impedir el traslado.

El centenar de personas que estaban llamados a ello, ha asegurado Carrincondo, que rebaja la cifra inicial hecha pública anteriormente (150), ya ha sido "realojado en otro lugar" y trabajadores ya han acudido para retirar tanto el mobiliario, que habían transportado previamente, como alimentos.

El plan original pasaba por trasladar a esos inmigrantes desde Estepona, hasta donde llegaron a principios de año junto a unos 500 más procedentes de Canarias. Sin embargo, el Consistorio aduciendo una falta de licencias, "lo que conlleva, entre otros aspectos, que no se han verificado, cuestiones tan básicas como la prevención de incendios o el circuito interno de agua", ordenó el "cese inmediato de su actividad" el martes. Por su parte, la propiedad alegó que sí que contaban con ellas y que ese mismo día presentaron las declaraciones responsables de primera ocupación y actividad a las 14:31 y las 14:59, respectivamente, "conforme a la ley de impulso para la sostenibilidad de Andalucía", que las habilita para "el uso y apertura inmediata", ya que "no han sido dejadas sin efecto mediante la oportuna resolución administrativa, que debe ser notificada fehacientemente por medios electrónicos".

De otro lado, el Ayuntamiento aseguró que la propiedad tampoco había aportado la "certificación de las empresas suministradoras, por lo que no existe garantía de que las personas alojadas puedan tener acceso a los servicios más básicos". Así, consideró que esta pretendía, por tanto, alojar a personas "sin que se haya cumplido con trámites tan básicos y exigibles para cualquier tipo de actividad", cometiendo una "negligencia" y aseguró que su situación le fue advertida vía notificación una semana antes. También sostuvieron que en "ningún momento se han abonado las tasas que permitían tramitar la declaración responsable" y trasladó la resolución a la Policía Local, que ordenó y precintó las instalaciones.

No obstante, desde Student Rental aseguraron que desde el martes a esa hora legalmente sí contaba con primera ocupación y apertura, por lo que el Ayuntamiento faltaba "a la verdad" y criticaron que "tras casi un año" tratando de contactar con el ente municipal para "conseguir el uso y apertura legítima del inmueble y con todas las garantías correspondientes" este obrase "con inusitada agilidad", puesto que "sólo 15 minutos después de presentar las declaraciones responsables" a la administración "aparentemente le dio tiempo a revisar esa documentación, lo que debe hacer un técnico y un jurista, y a mandar a concejales y a la policía para impedir la entrada al edificio".

En otro orden de cosas, el Consistorio también comunicó días atrás que sus servicios jurídicos estudiarían unas declaraciones efectuadas por el responsable de la empresa, Alberto Benito, quien tras rechazarse la apertura aseguró que "teniendo todo en regla se impide a que los usuarios entrar" y que "a un Ayuntamiento que lleva a gala el ser abierto y friendly con la diversidad cultural no les gustan estos inmigrantes porque son de color”.