La bronca volvió al Pleno de Ronda y lo hizo de la mano de PSOE y PP, formaciones que mantienen un duro enfrentamiento por la ubicación de la futura estación de autobuses. Un proyecto que los socialistas rechazan y que llevaron a los tribunales, mientras los populares les acusan de querer torpedear el futuro de la ciudad a toda costa aunque sea mediante acusaciones “falsas”.

En este sentido, desde el PP habían medido mediante una moción que los ediles del PSOE pidiesen perdón tras conocerse que la Fiscalía, tras dos años de investigaciones, había medido a juzgado instructor el archivo del caso al considerar que no había indicios de delito para seguir adelante con este asunto.

Además, en su moción los populares también pedían la dimisión de la portavoz del PSOE, Isabel Aguilera, por considerarla responsable de las maniobras que se habían realizando en este asunto con “maldad” para tratar de frustrar el proyecto y la manchar la honorabilidad de los concejales del Gobierno municipal.

Lejos del pedir perdón y aceptar la petición de dimisión, Aguilera recordó que hasta el momento lo único que se tiene es una petición de la Fiscalía, aunque el procedimiento sigue abierto y no siempre los jueces aceptan dichas peticiones, para lo que recordó algunos casos recientes que se produjeron en el ámbito político local y que tras una petición similar han terminado en juicio.

Además, aludió a los dos años de investigación como un hecho relevante, al considerar que no todo estaría tan claro cuando se prolongó tanto en el tiempo, al tiempo que advirtió a los miembros del Gobierno local sobre el hecho de que la estaban acusando de presentar una denuncia falsa, algo que considera que es “muy grave.

Por su parte, la alcaldesa rondeña, María de la Paz Fernández,  arremetió contra la todavía líder socialista y la acusó de tener una “prepotencia” tal que no le permitía pedir perdón pese al revés sufrido en las últimas semanas con la petición de la Fiscalía. “Han tratado de manchar nuestro honor pero no lo han conseguido”, dijo la alcaldesa.

Además, aseguró que la denuncia presentada se había basado en un informe erróneo del colegio de Arquitectos de Málaga y que se habían ocultado los dos informes de los técnicos municipales en los que se aseguraba que el proyecto cumplía con todos los requisitos legales para ubicarse en la parcela seleccionada.