La alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, anunció mediante un comunicado que la Fiscalía ha solicitado, por segunda vez, al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ronda, el archivo de la denuncia interpuesta  en relación con el desarrollo de la nueva estación de autobuses de la ciudad.  

En el comunicado remitido se afirma que se habría remitido un nuevo escrito al Juzgado rondeño, con fecha 17 de abril de 2023, en el que "se solicita el sobreseimiento y archivo de las actuaciones a la vista del informe emitido por la Consejería de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, así como el informe del Jefe de Servicio de Urbanismo, que indican que las obras aprobadas por el Ayuntamiento de Ronda son acordes a la legislación urbanística". 

Desde la Alcaldía rondeña sostienen que la Fiscalía inició una investigación tras la denuncia planteada por "dos miembros del PSOE de Ronda" por si la construcción de la nueva estación municipal de autobuses, que se está edificando en terrenos del Polígono Industrial El Fuerte, pudieran ser constitutiva de un delito de prevaricación urbanística, "hechos que ahora la propia Fiscalía rechaza, por lo que pide el archivo de la causa, al haber comprobado que este proyecto cumple la legalidad", señalan.

Tras esta nueva petición de archivo queda pendiente de pronunciamiento del propio juzgado instructor una vez que oiga a la parte acusadora en este proceso.

Segunda petición de archivo 

Además, también han recordado que el pasado 4 de enero de 2023 el fiscal solicitó por primera vez el sobreseimiento de esta causa “a la vista del informe emitido por la Consejería de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, así como del informe del Jefe de Servicio de Urbanismo, que indican que las obras aprobadas por el Ayuntamiento de Ronda no son contrarias a la legislación urbanística”. 

Desde el Gobierno local sostienen que fue el PSOE el encargado de poner en manos de la Fiscalía este expediente, en la que se afirmaba que el equipo de Gobierno estaba incumpliendo la normativa urbanística, ya que, "según ellos, estaban levantando este inmueble en unos terrenos que no tenían la catalogación necesaria para edificar una infraestructura de esa tipología".

Ahora, tras la nueva petición del fiscal, desde la Alcaldía han señalado que "sin embargo, todos los informes de los técnicos municipales y de la Junta señalaban lo contrario, y resaltaban que la información facilitada por el PSOE era errónea, ya que se habían confundido a la hora de indicar cuál era la parcela sobre la que se ejecutaba la obra".