La alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, defiende que adoptó las medidas necesarias en cuando a la empresa de limpieza Soliarsa y que ha actuado "con el máximo respeto a la legalidad y en defensa de los intereses de todos los rondeños".

Así lo han manifestado desde el Ayuntamiento rondeño en un comunicado sobre las diligencias abiertas en un juzgado en relación con Soliarsa, precisando que la investigación tiene su origen en una auditoría realizada sobre dicha empresa a los años 2018 y 2019, "encargada por propio Gobierno del PP, nada más acceder a la Alcaldía".

Asimismo, han indicado que dado que Fernández tomó posesión del cargo a mediados de junio de 2019, "el periodo en que presidió el consejo de administración de la empresa Soliarsa que está siendo investigado fue tan solo de esos seis meses, correspondiendo al PSOE cualquier tipo de responsabilidad en los años anteriores".

También han apuntado que tras la auditoría a la empresa "realizada por expreso encargo del gobierno del PP", Fernández adoptó "de manera inmediata todas las medidas que el informe y los técnicos municipales propusieron para subsanar las deficiencias detectadas".

Han señalado que Fernández "-al igual que la anterior alcaldesa socialista María Teresa Valdenebro-, ha sido llamada a declarar por el juzgado por la circunstancia objetiva, por la formalidad, de haber sido presidenta del consejo de administración de la empresa en una parte del periodo investigado, sin que en ningún momento se le haya imputado haber realizado ninguna actuación ilícita".

Así, han indicado que en el momento en que el juzgado le notificó el auto judicial que acordaba su citación para declarar, la alcaldesa recurrió tal resolución "estándose en este momento a la espera de que se resuelva el recurso planteado", negando que sea cierto o que conste mención en las diligencias de la Guardia Civil en el sentido de que tuviera conocimiento de los hechos investigados, "ni mucho menos que se hubiera beneficiado o lucrado".

El Ayuntamiento ha explicado que conforme establece la ley, "la alcaldesa ni ningún político intervienen nunca en los procedimientos de contratación de trabajadores, ya que esta función corresponde exclusivamente a un tribunal formado por funcionarios municipales".

Por eso, han señalado que es "absolutamente falso que la alcaldesa haya dado trato de favor en la contratación de ninguna persona, ni a su hermano, ni tampoco a un fisioterapeuta y profesora de la guardería de su hija, que ni tan siquiera forman parte de la plantilla de Soliarsa". "Tan poco fundamento tiene lo anterior, que ni siquiera es objeto de la investigación abierta por el juzgado".

Han confiado en que "de manera inmediata la Justicia disipe cualquier sospecha de responsabilidad de la alcaldesa de Ronda, que siempre ha actuado con el máximo respeto a la legalidad y en defensa de los intereses de todos los rondeños" y desde la Alcaldía se ha anunciado que esta misma mañana se ha dado instrucciones a los abogados "para que interpongan una querella ante la Fiscalía, por la divulgación de datos personales que incluso afectan a su intimidad familiar, como por las calumnias vertidas".