La alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, anunció este miércoles que el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Málaga había dado la razón al actual Gobierno local al consideral “ilegal” la relación de puestos de trabajo (RPT) de la antigua agencia pública de cultura, deporte, educación y empleo, que aprobó el anterior equipo de gobierno formado por PSOE, PA e IU dos semanas antes de las pasadas elecciones municipales.

Fernández aseguró que el tribunal considera que dicha calificación, como ya habían advertido los informes de secretaria e intervención, imcumple la Ley General Presupuestaria.

La regidora también explicó que aquel acuerdo tomado en Pleno incurre en causa de nulidad y sostiene que “supone un incremento retributivo no justificado y superior a los limites maximos previstos por la anterior norma”, dice la sentencia.

Además, desde el Consistorio de Ronda también señalaron que de haberse mantenido las condiciones que se establecían en aquel documento el Ayuntamiento rondeño habría tenido que asumir un incremento de 500.000 euros en el pago de salarios, lo que considera la alcaldesa que habría supuesto un “perjuicio” para unas arcas municipales que ya destinan la mayoría de sus fondos al pago de los salarios de los empleados municipales. Un gasto que habría crecido un total de 2,5 millones de euros si los tribunales hubiesen dado por buena aquella valoración.

Por otra parte, la alcaldesa pidió a los líderes de PSOE, IU y Contigo Ronda que asuman sus responsabilidades tras la confirmación por parte de los tribunales de que aquella aprobación fue “ilegal”, y es que estas formaciones políticas también se opusieron en la presente legislatura que el Consistorio emprendiese el procedimiento para tratar de anular el documento.

Mientras tanto, en cuanto a la situación en la que quedan los trabajadores que fueron incorporados a la plantilla municipal tras la disolución de la agencia pública, la regidora anunció que se comenzará a trabajar para elaborar una nueva RPT y que venga a dar cobertura legal a estos empleados de forma “clara y transparente”.