Epidemia de desinformación

En la actualidad afrontamos una epidemia de desinformación sanitaria que se transmite, sobre todo, por los canales digitales. Su impacto ya no es teórico. Está produciendo enfermedad, muerte evitable y deterioro de la confianza social.

Es por eso que el Ministerio de Sanidad y la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) impulsan una futura Estrategia Nacional contra la desinformación sanitaria, que se nos presenta como un paso lógico y necesario después de que la sociedad digital lleva más de una década transformando la relación entre conocimiento científico y ciudadanía.

Se puede decir que la desinformación no es un problema comunicativo: es un determinante de salud. Y es una consecuencia de la infodemia, es decir, la sobreabundancia de información (verdadera y falsa) que dificulta encontrar orientación fiable. La pandemia de COVID-19 demostró que esa saturación no solo confunde: puede modificar conductas clínicas.

La exposición a contenidos erróneos reduce la adherencia a tratamientos, aumenta la desconfianza hacia profesionales y favorece decisiones de riesgo. Hoy sabemos que parte de la mortalidad evitable durante la pandemia estuvo mediada por creencias falsas sobre mascarillas, vacunas y terapias. Por eso la desinformación sanitaria ya no puede abordarse solo desde la comunicación institucional: pertenece al campo de la salud pública.

Así, se hace necesario un cambio de estrategia para pasar de combatir bulos a proteger la integridad informativa, que es lo que se pretende con la estrategia anunciada y que incorpora un elemento novedoso: el concepto de integridad de la información sanitaria. No se trata únicamente de desmontar falsedades, sino de asegurar un ecosistema informativo saludable.

Este cambio conceptual es importante ya que durante años la estrategia predominante ha sido reactiva: verificar, desmentir y corregir. Sin embargo, la evidencia muestra que la corrección llega tarde; la creencia ya ha arraigado. Mirando la experiencia internacional, caso de la estrategia escocesa de integridad informativa, se hace imprescindible un enfoque estructural.

Ello implica prevenir la aparición de desinformación dañina, reducir incentivos a su difusión, fortalecer la confianza social previa y capacitar a la ciudadanía para evaluar información. Es decir, pasar del fact-checking a la política pública. Y, además, hacer que la estrategia se plantee bajo el enfoque One Health porque la desinformación sanitaria no afecta solo a la medicina clínica: influye en vacunación, zoonosis, alimentación, medio ambiente y riesgos globales.

El negacionismo climático, por ejemplo, tiene consecuencias directas en salud; así, las falsas creencias sobre vacunas afectan al resurgir de algunas patologías, si es sobre antibióticos afectan a resistencias bacterianas y los bulos sobre nutrición influyen en obesidad y enfermedad cardiovascular. El ecosistema informativo forma parte del ecosistema sanitario.

Por otra parte, la irrupción de la inteligencia artificial (IA) puede hacer difícil distinguir la desinformación porque se pueden crear contenidos sanitarios plausibles, personalizados y masivos. Esto cambia el escenario: la ciudadanía ya no se enfrenta a rumores rudimentarios, sino a textos o imágenes verosímiles, coherentes y adaptados a sus sesgos previos.

El reto deja de ser identificar al emisor para centrarse en validar el contenido, lo que exige nuevas capacidades y nuevos objetivos institucionales: sistemas de vigilancia de narrativas digitales, verificación automatizada, alfabetización en interacción con IA y regulación sobre uso fraudulento de contenido sanitario sintético. La política de salud pública deberá incorporar así competencias propias de la ciberseguridad cognitiva. Y en este contexto, el papel de la sociedad civil es importante.

Uno de los aspectos más acertados del planteamiento estratégico del Ministerio de Sanidad y de ANIS es la inclusión de pacientes, asociaciones y divulgadores. La confianza no se decreta: se construye dentro de comunidades porque las investigaciones en comportamiento sanitario muestran que las personas no adoptan decisiones médicas basadas solo en evidencia científica, sino en normas sociales percibidas. Si su entorno desconfía, ellas desconfían. Por ello, la intervención más eficaz no siempre es institucional, sino comunitaria.

Pero, sin duda, el papel de las profesiones sanitarias es fundamental; paradójicamente, el colectivo más fiable es el menos presente en el espacio digital. Muchos profesionales evitan intervenir para no exponerse a conflicto o desgaste. Pero el silencio genera un vacío ocupado por voces menos rigurosas.

La desinformación prospera donde la confianza es débil; no basta con explicar mejor: hay que relacionarse mejor. Las sociedades contemporáneas han transitado de la autoridad basada en posición a la autoridad basada en credibilidad. La ciencia sigue siendo sólida; lo que se ha erosionado es la percepción de imparcialidad institucional. Por eso combatir la desinformación sanitaria implica transparencia, coherencia y participación social. No solo evidencia.

La futura Estrategia Nacional contra la desinformación sanitaria es una oportunidad para asumir que el sistema sanitario ya no opera solo en hospitales, centros de salud o laboratorios. Opera también en el espacio informativo.

La desinformación no desaparecerá (es inseparable de la libertad de expresión), pero su impacto sí puede reducirse mediante políticas públicas sostenidas, multisectoriales y evaluables. Necesitamos tratar la calidad de la información como tratamos el agua potable o la seguridad alimentaria: como infraestructura esencial de salud pública.

Y es que en la sociedad digital la protección frente a la enfermedad depende también de la protección frente al engaño.