Dos mundos separados

ESPAÑA dispone desde 1986 de un marco normativo sólido para su sistema sanitario. La Ley 14/1986, General de Sanidad, configuró un modelo público, universal y descentralizado que, con reformas posteriores (Ley 16/2003, de cohesión y calidad), ha consolidado el Sistema Nacional de Salud como uno de los pilares del Estado del bienestar. Con problemas, sin duda; con tensiones financieras, desigualdades territoriales y sobrecarga asistencial, también. Pero es un sistema.

En el ámbito social, la situación es distinta. La Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, supuso un avance histórico al reconocer un derecho subjetivo. Sin embargo, casi veinte años después, seguimos sin poder hablar con propiedad de un ‘sistema’ social equiparable al sanitario: existen servicios, programas, prestaciones económicas y redes de residencias, pero no un entramado cohesionado e integrado que asegure continuidad, estándares homogéneos y coordinación estructural con la sanidad.

Esta fractura tiene consecuencias sobre las personas más vulnerables en un país que se encuentra entre los más envejecidos del mundo. Según el Instituto Nacional de Estadística, en las próximas dos décadas crecerá de forma muy significativa el grupo de mayores de 80 años, con el consiguiente aumento de la dependencia demográfica hasta 2050.

En términos sanitarios y sociales, esto se traduce en tres fenómenos interrelacionados: cronicidad creciente (más del 60% de los mayores de 65 años conviven con dos o más enfermedades crónicas, según el Ministerio de Sanidad), polimedicación (el uso de cinco o más fármacos es muy frecuente, con riesgo de interacciones, efectos adversos y hospitalizaciones evitables) y dependencia funcional (deterioro cognitivo, fragilidad y pérdida de autonomía, con necesidades continuadas de cuidados personales, no solo clínicos).

El sistema sanitario está diseñado, en gran medida, para episodios agudos y procesos delimitados; el ámbito social se ocupa de la ayuda en la vida diaria y del apoyo domiciliario o residencial. Pero la realidad de una persona con insuficiencia cardiaca, diabetes, deterioro cognitivo leve y riesgo de caídas no entiende de compartimentos administrativos. Vive en su casa o en una residencia, y allí debería estar garantizada una atención integral.

En la práctica, sanidad y servicios sociales operan con sistemas de información distintos, financiación diferenciada, gobernanza separada y carteras no integradas. La literatura científica es consistente al señalar que la falta de integración incrementa ingresos hospitalarios evitables, duplicidades y eventos adversos relacionados con la medicación. La OMS, en su marco ICOPE, insiste en modelos centrados en la persona y basados en coordinación real entre niveles asistenciales y servicios comunitarios. Sin embargo, en muchas residencias no existe una presencia estructurada del sistema sanitario equiparable a la de un centro de salud: la revisión sistemática de tratamientos no siempre está protocolizada, el acceso a pruebas puede demorarse y la pandemia de COVID-19 mostró con crudeza esta fragilidad.

A esta ecuación se añade el fenómeno creciente de la soledad no deseada, asociada a mayor mortalidad, peor salud mental, más eventos cardiovasculares y mayor uso de servicios. Afecta tanto a quienes viven solos como a personas institucionalizadas. El sistema sanitario no puede resolverlo por sí solo, pero tampoco puede ignorarlo; la coordinación sociosanitaria puede ayudar.

También la IA, si está bien gobernada, es ética y centrada en la persona, puede desempeñar un papel relevante a través de la detección precoz de deterioro, algoritmos de riesgo (descompensación, caídas...), revisión automatizada de polimedicación, monitorización domiciliaria y agentes conversacionales de apoyo. La telemonitorización y las alertas tempranas pueden reducir ingresos.

Llegados hasta aquí, es el momento de decisiones estratégicas. Si aceptamos que el envejecimiento y la dependencia serán el principal reto de las próximas dos décadas, necesitamos, al menos, seis líneas de actuación: reconocimiento formal de un verdadero sistema sociosanitario; historia sociosanitaria interoperable; equipos de atención integrada en el territorio; un programa general de revisión de polimedicación en personas con cronicidad; una estrategia frente a la soledad no deseada; y una aplicación de soluciones de IA con garantías.