Cinco jóvenes fallecidas, ocho víctimas políticas, once imputados, trece comparecientes en tres jornadas de comisión de investigación, 16.781 entradas vendidas para un aforo permitido de 10.600... son algunas de las cifras de la tragedia del Madrid Arena, que el próximo viernes, día 8, cumplirá cien días.

Tres meses y una semana de unos hechos que hicieron tambalear los cimientos del gobierno municipal de Ana Botella (PP) y que ahora recorren la previsiblemente larga travesía jurídica de un caso con numerosas aristas.

Katia Esteban, Rocío Oña y Cristina Arce, todas ellas de 18 años, Belén Langdon, de 17 años, y María Teresa Alonso, de 20, murieron por una avalancha provocada la madrugada del 1 de noviembre de 2012 en uno de los pasillos de un pabellón multiusos municipal alquilado a la empresa Diviertt para una fiesta de Halloween en la que actuó el pinchadiscos Steve Aoki.

A las víctimas reales de la tragedia siguieron las consecuencias políticas. El primero en tener que abandonar su puesto, el 13 de noviembre, fue el delegado madrileño de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, Pedro Calvo, como responsable de Madrid Espacios y Congresos (Madridec), la empresa municipal que gestiona el pabellón donde se produjeron los hechos, tras las informaciones que anunciaban su imputación, que aún no ha llegado. Después, el pasado 9 de enero, cesó el vicealcalde de la capital, Miguel Ángel Villanueva, sobre el que se centró la polémica casi inmediatamente después de que el mismo 1 de noviembre asegurase que el aforo en ningún caso se había sobrepasado, según una información facilitada por Diviertt, con cuyo propietario, Miguel Ángel Flores, mantenía una relación que él calificó "de conocimiento".

Más tarde, el 21 de noviembre, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, destituyó al consejero delegado y al gerente de Madridec, José Angel Rivero y Jorge Rodrigo, respectivamente, y hace dos semanas fueron relevados otros cuatro responsables de esta empresa municipal.

Sin embargo, la inicial controversia política desatada en torno a la responsabilidad del Gobierno de Ana Botella en aquellos sucesos se ha ido apagando con el paso del tiempo y la llegada a las portadas de nuevas polémicas.

Prueba de ello es que el Ayuntamiento de Madrid celebró el pasado miércoles un pleno para debatir sobre la remodelación del Gobierno municipal tras la dimisión del vicealcalde y, en un debate que duró una hora y media, sólo uno de los cinco intervinientes, el portavoz socialista, Jaime Lissavetzky, mencionó el asunto del Madrid Arena.

Atrás queda la comisión de investigación en la que, durante tres días de noviembre y diciembre, comparecieron una docena de altos cargos municipales, entre los que el PP no consideró conveniente incluir a la alcaldesa, y el médico responsable del dispositivo sanitario de la fiesta, el doctor Simón Viñals.

Como marca la aritmética parlamentaria, tras los testimonios el PP sacó adelante sus conclusiones, acompañándolas, eso sí, de un buen número de propuestas de la oposición, entre ellas que la Policía esté presente de oficio en los recintos donde se celebren espectáculos con más de 5.000 asistentes y que el Samur se persone en los que tengan lugar en espacios de titularidad pública.

Como había defendido el PP desde la primera sesión, se concluyó que fueron las "ansias de dinero" de Miguel Ángel Flores las que causaron la tragedia del 1 de noviembre, mientras que el Madrid Arena, por el contrario, es un recinto seguro.

Esa conclusión coincidió además en el tiempo con la revelación de un dato clave: los organizadores de la fiesta vendieron 16.781 entradas, cifra que supera en un 58% el aforo permitido para el evento, que eran 10.600 personas.

Cerrada la comisión, el 5 de diciembre la alcaldesa pidió "disculpas a los madrileños porque nunca Madrid Espacios y Congresos debía haber confiando en Diviertt" y el Madrid Arena comenzó a ser lo que ya parece hoy definitivamente: un caso puramente judicial.