La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, dijo ayer que no ve necesario modificar los protocolos de protección de los menores tras el debate generado por el caso de la niña fallecida en Tenerife, aunque sí "aplicarlos con más precisión". "En todo caso vamos a esperar a que concluyan todas las investigaciones y podamos saber dónde se ha producido, si es que se ha producido, algún fallo", aseguró Jiménez a su llegada al Consejo de Sanidad de la Unión Europea. La ministra se pronunció así al ser preguntada sobre los supuestos fallos en los servicios médicos o judiciales que dieron lugar a la detención del hombre que luego fue puesto en libertad sin cargos, al determinarse en la autopsia de la menor que su muerte se produjo por un golpe que había recibido días antes.

Los protocolos de protección del menor establecidos para los servicios sanitarios y sociales "son bastante ajustados", afirmó Jiménez. "Tenemos que hacer todos un esfuerzo por aplicarlos de la mejor manera posible, con más precisión, en eso tenemos que trabajar todos", añadió la ministra. Jiménez no cree que sea necesaria "una reforma legal o normativa, porque son protocolos que sobre todo vienen a garantizar la protección del menor", pero sí destacó la importancia de "una buena aplicación" de los mismos.

Por su parte, la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Mercedes Roldós, negó ayer responsabilidad de su departamento en el daño al padrastro erróneamente acusado de matar a la niña, ya que -dijo- se actuó "conforme a la legislación vigente", y rechazó pedirle disculpas.

Más aún cuando se ha actuado, en opinión de la Consejería, "procurando, como lo hacemos siempre, preservar el derecho a la confidencialidad y a la intimidad de las personas afectadas, en este caso, de la niña y de su familia", destacó Roldós, quien insistió en que "ni la Consejería de Sanidad, ni ninguno de sus organismos dependientes, ha filtrado ningún documento a ningún medio de comunicación" sobre el caso. Por todo ello, "el Gobierno no tiene que pedir disculpas porque el Gobierno ha actuado conforme a la legalidad vigente", pese a que se organizó una concentración de repulsa ante la muerte de la niña cuando se publicó el caso de supuestos malos tratos con resultado de fallecimiento que luego resultaron descartados, dijo la consejera.

Roldós manifestó que espera que no se acuse ahora públicamente al médico que emitió el parte que dio lugar al que luego ha acabado por ser un falso caso de malos tratos por lo ocurrido, argumentando que sólo cumplió su obligación. "Es obligación de los trabajadores, que, además, han recibido formación al efecto, activar los protocolos, que eso no quiere decir ninguna presunción de nada, simplemente se hace un protocolo, se elabora un parte de lesiones, que eso se hace todos los días en los hospitales, por desgracia, porque todos los días hay indicios, que en algunos casos se confirman y en otros no", declaró.