Tenemos que conseguir que la agricultura del futuro ofrezca a la sociedad aquello que demanda: alimentos sanos, sostenibles y en cantidad suficiente. En paralelo, el nuevo modelo agrario también debe garantizar unas explotaciones viables desde el punto de vista económico, social y medioambiental. Es decir, hay que avanzar hacia esa triple sostenibilidad que nos permita asegurar la alimentación de toda la población mediante formas de producción y consumo que garanticen la supervivencia de nuestro planeta.

La sucesión de acontecimientos extraordinarios que se vienen solapando en los últimos años constituyen un aldabonazo que nos apela sobre el rumbo que debemos tomar. Hechos como la pandemia, la guerra desatada por Putin en Ucrania o episodios de sequía y altas temperaturas que rompen registros históricos tienen una cosa en común: todos, a pesar de su distinta naturaleza, ponen de relieve la importancia vital de la agroalimentación en el mundo. Es decir, el único efecto positivo del sufrimiento que nos provocan esos hechos tan adversos es la toma de conciencia que nos motiva y capacita en nuestras decisiones.

En ese contexto global, pero válido también en el marco nacional, es necesario levantar la mirada para ver el conjunto y comprender que la búsqueda del bien común es un buen punto de partida. A este respecto, me gusta poner de ejemplo la filosofía de nuestras comunidades de regantes, cuyo cometido es gestionar un bien común y escaso como el agua con el fin de que se emplee de manera justa y eficiente. Los siglos avalan esta práctica como garantía de futuro.

En el capítulo de lo concreto y ya que he mencionado a los regantes, los regadíos sostenibles, de huella hídrica mínima, son un instrumento clave para mejorar la rentabilidad, competitividad y sostenibilidad de nuestro sector agroalimentario, a la vez que refuerzan su contribución a la cohesión social y territorial de las zonas rurales donde se asientan.

Por todo ello, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) financia inversiones de modernización y nuevos regadíos como herramienta necesaria para contribuir al desarrollo socioeconómico de las zonas rurales, afectadas muchas veces por procesos de despoblación y cumpliendo siempre con todos los requisitos de sostenibilidad y protección del medio ambiente.

Modernización de regadíos

Este Gobierno está poniendo en marcha el paquete de inversiones en modernización de regadíos más ambicioso realizado en la democracia, dotado con 2.130 millones de euros. El objetivo es promover el ahorro de agua y la eficiencia energética en estos sistemas de producción, instalando sistemas de riego más eficientes y, en muchos casos, haciendo uso de agua de fuentes no convencionales, como son las aguas regeneradas y las aguas desaladas. Así se pone de manifiesto en las inversiones de regadíos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para promover el uso de aguas regeneradas en los regadíos de todo el arco mediterráneo.

Por otra parte, sin duda, uno de los factores de producción que más atención merece actualmente es el energético. Es imperioso impulsar la mejora estructural de la eficiencia energética, así como la transición hacia modelos productivos medioambientalmente más sostenibles en la producción agraria, máxime en sistemas tan importantes para Almería como es el cultivo bajo invernadero.

Desde el ministerio, somos plenamente conscientes de esta necesidad para mantener la competitividad de un sector fundamental para nuestra agricultura, nuestra economía y nuestro medio rural. Por ello, una de las líneas de inversiones que hemos incluido en el PRTR es la medida referida a la Transformación integral y modernización de invernaderos, dotada con un presupuesto de 120 millones de euros.

La nueva agricultura que debe imperar en un contexto de crisis e incertidumbre como el que atravesamos debe apoyarse en la innovación, ámbito en el que destaca el liderazgo del sector de frutas y hortalizas. El interés y preocupación por innovar y por presentar nuevas técnicas, procesos y productos con los que avanzar en la competitividad y sostenibilidad le ha llevado a ser el sector más activo en la constitución de grupos operativos y de desarrollo de proyectos innovadores financiados en el marco de Programa Nacional de Desarrollo Rural. Las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH) han jugado un papel fundamental en esta tarea al ser claves a la hora de contribuir a vertebrar al sector y ayudar a emprender proyectos orientados a lograr mayor valor añadido. A través de los programas operativos, que cuentan con un importante apoyo de fondos europeos de entorno al 50 % de la inversión, el sector puede emprender interesantes proyectos de modernización, de sostenibilidad y de promoción.

La nueva agricultura debe apoyarse en la innovación, ámbito en el que destaca el liderazgo del sector de frutas y hortalizas

El sector hortofrutícola ha desarrollado innovaciones de todo tipo, como aplicación de nuevas tecnologías, nuevos tipos de fertilizantes, genética varietal o innovación social ligada a evitar el abandono del territorio. Asimismo, son innovaciones que abarcan todo tipo de producciones, desde el tomate hasta la papaya.

Las ayudas del ministerio para la innovación en el sector agroalimentario contribuyen, por tanto, a crear valor añadido derivado de una aplicación más rápida y amplia de soluciones innovadoras, así como de una relación más estrecha entre el sector investigador y el productor.

De hecho, nos basamos en un modelo de innovación interactiva centrada en las necesidades de los productores y en el enfoque colaborativo de todos los agentes implicados, desde los profesionales agrarios hasta las organizaciones gubernamentales, pasando por empresas, investigadores, asesores, etc.

Política de calidad alimentaria europea

En otro orden de cosas, también se hace necesario revisar la política de calidad alimentaria europea. Detrás de las 363 figuras de calidad diferenciada españolas -de las que Andalucía y Murcia son importantes representantes de “El Valor de lo Nuestro”-, tenemos más de 325.000 agricultores; 8.500 industrias con más de 1,5 millones de hectáreas; 2,5 millones de cabezas de ganado y un valor estimado en origen de 7.000 millones de euros anuales.

España va a continuar trabajando en la reforma del marco legislativo común para asegurar que el sector de las Indicaciones Geográficas europeas de vinos, alimentos y bebidas espirituosas se vea fortalecido. Apoyamos el incremento de la coherencia y armonización de la normativa europea y el refuerzo de la defensa internacional de las Indicaciones geográficas para evitar la competencia desleal teniendo en cuenta los acuerdos comerciales y negociaciones en la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluido el Acuerdo sobre Derechos de Protección Intelectual que gestiona la Organización Mundial de la Protección Intelectual (OMPI).

Si hay algo que estamos aprendiendo de la crisis sanitaria y de la crisis bélica es que una agricultura genuinamente local -y de vecindad- ofrece al medio rural una garantía de seguridad.

En el periodo 2021-2027, España va a disponer de alrededor 55.000 millones de euros procedentes de la Política Agraria Común (PAC), -a pesar del Brexit-, del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura (FEMPA) y de los fondos europeos Next Generation. Será la inyección de fondos públicos más importante desde los años 90 y nos brindará la ocasión de dar un salto cualitativo hacia los modelos agrario y pesquero que darán de comer a la población en el futuro próximo.

La PAC será la mejor para afrontar los nuevos retos y la mejor repartida que se haya aplicado en España

Gracias a este presupuesto y a las novedades que implica su nueva orientación, la PAC que entrará en vigor el 1 de enero de 2023 será la mejor para afrontar los nuevos retos y la mejor repartida que se haya aplicado en España. Constituirá, además, una gran oportunidad para la agricultura familiar y profesional que es el objetivo prioritario de las políticas comunitarias y nacionales debido a su aportación adicional en materia de cohesión social y territorial.

En la coyuntura presente, debemos actuar con rapidez y eficacia, porque la guerra desatada por Putin en Ucrania es militar, pero también energética y alimentaria. En el ámbito comunitario de la producción de alimentos, tenemos que ser capaces de conjugar el cumplimiento de nuestros objetivos medioambientales (y la actual situación climática en toda Europa es un buen recordatorio de ello) con la suficiencia alimentaria que Putin quiere poner el peligro. En este sentido, la Comisión Europea debe proceder con firmeza flexible y activar los mecanismos que nos permitan hacer frente al reto urgente de los efectos de la guerra sin abandonar el reto necesario de la protección medioambiental que nos hemos marcado en el Pacto Verde.

En España, la Ley de la cadena es la herramienta más adecuada para afrontar las dificultades y garantizar que los costes de producción se repercuten en los precios. La preocupación porque se produzca un encarecimiento de precios y tensiones en el abastecimiento de algunos productos hace necesario actuar en otros ámbitos con celeridad para asegurar la producción y abastecimiento alimentario en Europa. He presentado en este artículo algunos de los mecanismos para agilizar la adaptación al nuevo escenario. Ahora está en manos del sector, muy especialmente del de frutas y hortalizas, adoptar mecanismos para que la agricultura y alimentación española y de la Unión Europea sean verdaderamente sostenibles.