Entre los principales investigados se encuentran el que fuera jefe de mantenimiento durante 15 años y un ex gerente ya jubilado. La Policía no ha cuantificado el fraude pero entre las irregularidades se investiga el pago de más de 500.000 euros en tres talleres de coches pertenecientes a una misma familia.

Una contundente sentencia rechaza los delitos relacionados con el patrocinio de un equipo de baloncesto. Miguel Martín: "He sentido una sensación de indefensión potente hasta que la Justicia me ha dado la razón". Más noticias en www.juzgadodeguardia.es .

La juez sólo ve "un intento de llamar la atención y obtener publicidad" pero no un delito contra los sentimientos religiosos. Ni la Fiscalía ni la juez apreciaron delito alguno en el belén de la calle Cuna.

Los abogados que la asesoran confían en que la Audiencia ordene la paralización de la juez y admita los recursos presentados. Las claves del caso de María Salmerón.

Antonio Sanz aseguró que esa segunda valoración se realizó para demostrar al empresario que el rechazo del producto se debió una cuestión técnica y no a que rechazara la mordida. La UDEF advierte del "relevante" e "inusual" tráfico de llamadas ente Antonio Sanz y el ex asesor imputado.

Los investigadores consideran "incomprensible" que el viceconsejero de la Presidencia se pusiera en contacto antes con el asesor denunciado que con el empresario que había destapado el intento de soborno. Una mordida de cinco millones en "maletines" de test de Covid.

La Junta tardó casi tres meses en denunciar ante la Fiscalía el intento de cobro de las comisiones. El empresario asegura que le dijeron que para poder proveer de bienes a la Junta "el único camino era presentar la factura con un incremento de cinco millones". La Policía no aprecia "ninguna irregularidad" en el contacto inicial con Bendodo.

La operación fracasó porque el empresario no aceptó el cohecho y porque el producto fue rechazado desde el punto de vista técnico. Una mordida de cinco millones en "maletines" de test de Covid.

Considera que se aprovechó de "mayorías ficticias" para controlar la fundación Fidas. Más información en www.juzgadodeguardia.es.

La Fiscalía pide penas de un año por un delito de odio y las acusaciones elevan la petición hasta los tres años..