La oleada de reivindicaciones en los cuerpos de la Administración de Justicia tras el éxito de la huelga de Letrados ya se ha cobrado su primera pieza. El cuerpo de funcionarios y funcionarias de Justicia ha comenzado este lunes una serie de paros parciales para reivindicar una revisión de sus condiciones laborales y salariales a causa del incremento de competencias a las que se han visto expuestos tras la pandemia de la covid-19.

En concreto, más de medio millar de funcionarios y funcionarias de los juzgados de Huelva han llevado a cabo la paralización de sus tareas entre las 10:00 y las 13:00 del mediodía. La medida de presión, que ha sido respaldada por los sindicatos STAJ, CCOO, UGT y CSIF, exige, entre otras medidas, una subida salarial digna y acorde a las nuevas tareas que desempeñan. 

Según los principales agentes sindicales, la huelga ha sido secundada por un 85% de los funcionarios y funcionarias de la provincia. Una cifra que resume bien, según dichas fuentes, la motivación compartida de estos trabajadores que han visto como, en los últimos años, han perdido capacidad adquisitiva frente a otros colectivos. 

Más de 10.000 actuaciones paralizadas y miles de juicios

Aunque los servicios mínimos siguen estando operativos, el paro ha logrado paralizar unas 10.000 actuaciones judiciales en la provincia. La amplia mayoría de los juicios que tenían fecha para este lunes han sido aplazados, sin concretar en muchos de ellos la fecha alternativa. 

Las estimaciones de seguimiento de la huelga por parte de los principales sindicatos, hablan ya de dos años para que los Juzgados de Huelva se pongan al día con el trabajo acumulado durante esta primera jornada. Unido al importante perjuicio que ya supuso para la Justicia onubense los últimos tres meses de huelga del cuerpo de Letrados, las consecuencias podrían ser devastadoras en una provincia que carece de Ciudad de la Justicia y donde se acumula un importante retraso de más de un año. 

Los paros parciales se han sentido sensiblemente en numerosas instancias judiciales de toda España y de Andalucía, como los juzgados de guardia, los juzgados de lo Social, los juzgados de lo Penal, Menores y Vigilancia Penitenciaria, los registros civiles, las audiencias provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia, así como la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo y organismos como el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, según detallan fuentes sindicales. 

El cuerpo de funcionarios culpa al Ministerio de Justicia de la nula voluntad por comprender una situación que viene arrastrándose desde hace más de tres años. Los funcionarios comprenden que la situación es, a todas luces, insostenible y confían en que el paro de este lunes haga reflexionar a los responsables políticos sobre lo insostenible de la situación.