El artículo 7 de la Ley de Memoria Democrática, que cumple ahora un año, declara el 31 de octubre como Día de Recuerdo y Homenaje a todas las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra y la Dictadura, fecha en la que se aprobó en 1978 la Constitución española. Con motivo de esta efeméride, el PSOE va a presentar en todos los ayuntamientos, diputaciones y en las distintas cámaras autonómicas y estatales una declaración institucional “para no olvidar a los miles de personas que tanto sufrieron en estos contextos de nuestra historia reciente, donde Huelva fue una de las provincias más castigadas”, ha dicho el secretario de Memoria Democrática de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Pablo Pineda.

En Huelva se presentará en todos los ayuntamientos y en la Diputación Provincial. Los socialistas recogen tres puntos para aprobar en esa declaración. El primero es “reconocer a todas aquellas personas que sufrieron, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el periodo que abarca el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la posterior guerra y la dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978”.

El segundo, “rendir homenaje a los hombres y mujeres de España que comprometieron su vida y su libertad en la lucha por la democracia y las libertades y contribuyeron con su sacrificio al régimen constitucional y democrático de convivencia y pluralismo que hoy disfrutamos". En tercer lugar, se pide “desarrollar cuantas actuaciones sean necesarias para preservar y mantener la memoria de las víctimas del golpe militar, de la guerra y la dictadura franquista, a través del conocimiento de la verdad, como un derecho de las víctimas, el establecimiento de la justicia y fomento de la reparación y de un deber de memoria de los poderes públicos, para evitar la repetición de cualquier forma de violencia política o totalitarismo”.

Según Pineda, “Huelva, con 120 fosas y unas 8.000 víctimas datadas (podrían ser más), fue una de las provincias más castigadas de España”. Las exhumaciones promovidas este año con fondos del Ministerio de la Presidencia, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), "han permitido la recuperación de hasta 191 víctimas: 128 en Nerva, 22 en Bonares, 21 en Minas de Riotinto, 11 en El Campillo y 9 en San Juan del Puerto”. Estas se suman a las “256 que descansan con dignidad, gracias a las actuaciones pioneras desarrolladas, entre 2007 y 2017, en Zalamea la Real, Puebla de Guzmán, Rosal de la Frontera, Encinasola, Calañas y Huelva (25); y, ya más recientemente, con el apoyo decidido del Gobierno central, gracias a las distintas convocatorias de ayudas, en Nerva (138), Minas de Riotinto (45), San Juan del Puerto (24), Higuera de la Sierra (20) y Bonares (4)”.

El secretario de Memoria Democrática del PSOE de Huelva ha apuntado que, en este sentido, “nos sentimos muy orgullosos como socialistas y como demócratas de haber reparado 447 historias de vida, gracias a la constancia y la persistencia de las asociaciones de víctimas, de las políticas que promueve el Gobierno de España, la voluntad de la Junta (diluida desde que Gobierna el PP), la Diputación de Huelva (paralizada ahora por la supresión del Comisionado) y de los ayuntamientos, los equipos de arqueólogos que actúan con el máximo rigor científico y los familiares”. No obstante, “el ritmo actual necesita un impulso definitivo, por lo que venimos reclamando a la Junta de Andalucía una mayor implicación que incluya también –ha recalcado- el presupuesto correspondiente, las solicitudes se van acumulando y no se les da salida, ni administrativa ni económica”.

Pineda ha subrayado que las exhumaciones se realizan con las ayudas del Ministerio, a través de la FEMP y de los propios ayuntamientos donde se encuentran las fosas. Para terminar, ha señalado que “si se hubiera agilizado el trabajo por parte de la Junta, podrían haberse recuperado todos los cuerpos que tenemos localizados porque, otros, desgraciadamente, por falta de información, por obras en los cementerios o en las carreteras, ya no podrán recuperarse”.