Desaladora privada en la Axarquía: La empresa Magtel reclama a la Junta que se pronuncie

El proyecto para construir una segunda desaladora en la Axarquía, en este caso con financiación privada, sigue sin aclararse. Al menos para uno de sus pretendientes, la empresa Magtel. El Gobierno andaluz lleva meses insistiendo en que solo la construcción de la planta pública está ahora mismo sobre la mesa. Pero a su vez la administración autónoma continúa con los trámites con una de las dos empresas que superaron el proceso de concurrencia que la Junta abrió en 2023 para acometer la infraestructura.

Magtel en un escrito remitido a este periódico asegura que su proyecto para construir una instalación junto a la depuradora de Vélez para desalar 40 hetómetros cúbicos al año se sometió a información pública en marzo. Asegura que ha dado respuesta en tiempo y forma las alegaciones recibidas "justificando con estudios e informes técnicos" que "la cántara" prevista no provocará impacto acústico ni paisajístico en la zona, que no dañará al humedal del delta del río Vélez y que tampoco está afectada por "riesgo de inundación".

Por último, la firma añade que tampoco las infraestrucucturas necesarias del emisario de la desaladora propuesta castigará "la zona de regresión grave de costa" que en estos momentos se encuentra en fase de tramitación. La empresa recuerda a la Junta que la iniciativa está "pendiente de resolución".

Gena-Ecologistas en Acción ya se pronunció en su día en contra de este proyecto al entender que no era necesaria. Señaló que el escenario ha cambiado desde que se anunció la iniciativa en 2023 a la situación de ahora. Recordaron que el Ministerio de Transición adoptó la calificación de "regresión grave" en el delta del río Vélez, que según el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Costas, supone la prohibición de levantar todo tipo de construcciones y estructuras en este lugar. Una obra que como mínimo necesitará der tuberías y una cántara y que, según los ecologistas, se prevé en un suelo suelo calificado como no urbanizable protegido por riesgo de inundación.

El Ejecutivo autónomo, entretando, se mantiene ahora en una postura ambigua al defender que ni descarta ni impulsa la desaladora privada y que, en todo caso, la competencia corresponde al Estado. Un cambio drástico sobre lo que públicamente defendió en mayo de 2023 el propio presidente Juanma Moreno, cuando aseguró que la comarca necesitaba dos desaladoras: la comprometida por el Gobierno central y la que pretendía ejecutar la Junta, de la mano de los regantes de la zona, y con el soporte de la iniciativa privada.