NO fue hasta el año 1983 cuando se introdujo el vocablo chiringuito en el diccionario de la RAE, "quiosco o puesto de bebidas al aire libre", pasando a un segundo sentido su definición anterior: "chorrito menudo". El término es originario de Cuba, donde se le decía chiringo al chorrito de café que caía por la acción de un trozo de caña sobre una media que se usaba para su filtración. De ahí pasó a citarse a un café pequeño, corto y escaso, hasta que se consolidó la palabra chiringuito tras su aplicación a los locales que lo servían.

En el año 1913, en la playa catalana de Sitges se abrió un merendero llamado El kiosket. Derribado varias veces por el enérgico oleaje, fue finalmente restaurado en 1949, pero ya con otro nombre, El Chiringuito. El bautismo se debió al periodista de La Vanguardia y Premio Nacional de periodismo, César González Ruano, quien al oírlo en Cuba le encantó. Logró ponérselo al chambao donde con otros intelectuales tertuliaba por las tardes bajo el aroma marítimo y del café.

Escribió Ruano sobre el chiringuito y aconteció su veloz extensión desde ese Mediterráneo catalán hasta bordear nuestro litoral alboránico y Atlántico gaditano. Siempre asociada su instalación a materiales ligeros por su carácter provisional y ubicado sobre el dominio público de playas, que es de todos, de uso temporal en época veraniega y donde la gastronomía que se brindaba tenía como base el pescado de la zona. Lástima que su tipología no fuera acogida por la legislación de Costas, por el contrario la obvió.Bajo estos mismos antecedentes, aún perduran chiringuitos en nuestro litoral malagueño que portan los nombres de merendero y kiosco.

¿Esta filosofía blanda es la que subyace en el espíritu de su transferencia realizada el 1 de abril del 2011 por el Estado -cuando la Demarcación de Costas enfrentada a grandes presiones del sector estaba amagando con la reordenación del litoral, para reubicar y acabar con los ilegales sin garantías ni autorizaciones- a la Junta de Andalucía, que lo demandó para su preservación, según dijo, por la tipicidad que daban unas instalaciones que no se podían perder porque estaban asociadas a la imagen de nuestras playas? ¿O era oculta pretensión, convertirlos, o aceptar que fueran, por presiones de lobbies o munícipes, en auténticos restaurantes, como los bodrios de mazacotes arquitectónicas que impactan últimamente en el malagueño Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, "anchos, altos y opacos"?

En este sentido, ¿son legales? Hagamos historia. La Demarcación de Costas aprobó un proyecto en mayo del 2010, presentado por el Ayuntamiento de Málaga cogido de la mano de los chiringuiteros, sirviéndole el título concesional y fijando el canon correspondiente. Espoleados los titulares de los futuros establecimientos por la inminencia de la transferencia a la Junta, la Administración local cambió ese proyecto y Costas le comunicó, 15 días antes de la transferencia a la Junta, que se habían introducido cinco cambios sustanciales, aparte de otros menores, lo que llevaba implícito la nulidad de su aprobación anterior. Medio Ambiente de la Junta, en cambio, manifestó que recibieron el expediente con las bendiciones de Costas cuando en un difuso texto, a mediados de aquel octubre, autorizaron el proyecto que presentó la Concejalía de Playas, indicando que cumplimentaba lo que le requirió Costas, hecho que no fue así, eludiéndose la información pública. Además, certificaron luego el acta de replanteo; ambos actos sin comunicación a Costas como la transferencia obliga. Y siempre, Playas del Ayuntamiento declararía que todo era legal. Para al final, una vez corregidos los aseos, -el cambio sustancial de los sótanos-, la chimenea y la barandilla, con la cristalería y la buganvilla todo iba a quedar de maravilla, y hasta trasparente.

En tanto, hace pocos días la primera edil del PSOE en la Casona del Parque, perdida en la arena, desplegaba una campaña contra el gobierno municipal cuando de la Junta depende la decisión final. ¿Un cúmulo de despropósitos, o una presunta cadena quasi prevaricadora, incluida la omisión de evaluación ambiental al plan de chiringuitos, que acabará generando inseguridad jurídica a los propios beneficiarios ante cualquier tribunal de justicia que se precie en diligenciarlo? ¿Una carrera de desatinos para obtener un negocio de coste barato en la explotación por el escaso canon de concesión que contempla la norma, frente al ingente pago que tiene que hacer la restauración implantada en el dominio público, esta vez portuario, de los muelles uno y dos del Puerto de Málaga, víctimas de una futura competencia desleal? Si resultase frustrado el experimento en el picassiano paseo, ¿acabarán los chiringuiteros yendo con razón contra las administraciones y los políticos que las dirigen por las inmensas inversiones privadas realizadas, dicen que 400.000 euros por establecimiento, sin los resultados ambicionados?

Para culminar el maltrato que continuamos dándole al litoral, tiene lugar en el Senado, en base a la mayoría de que goza el PP, la contrarreforma a la legislación de Costas que conlleva la absolución a decenas de miles de construcciones ilegales, incluidas malagueñas, que ocupan las playas españolas y que tenían que derribarse en el 2018, otorgándoseles una nueva prórroga de 75 años más de permanencia.

Con estos precedentes, y sus consecuencias colaterales -agravios comparativos, más efectos llamadas-, marchando otro entierro más del principal activo turístico, nuestras castigadas playas, cuyo gran atractivo solo radica ya en el sol, al que no se puede enladrillar ni arrojarles vertidos y residuos como a la mar.

Un chiringuito de la provincia de Cádiz.

Las construcciones que se levantan en la Caleta.