El 'okupa' insospechado

El fenómeno okupa, tan en boga en los últimos meses, llega incluso a tener entre sus protagonistas a las administraciones públicas. Esta condición puede aplicarse al Ayuntamiento de Málaga y su negativa a abandonar unas dependencias propiedad de la Junta de Andalucía en la zona de calle Palestina, histórica sede de la Gerencia de Urbanismo (antes de la construcción de su nuevo inmueble) y que, hoy, siguen siendo usado por el Consistorio. Y ello a pesar de que desde el pasado 1 de enero la prórroga que permitía sus disfrute ha expirado.

Así consta en una respuesta parlamentaria emitida por la Consejería de Fomento y Vivienda, escrito en la que de manera contundente se pone en cuestión el comportamiento del equipo de gobierno del PP. Según la comunicación, a la que tuvo acceso este periódico, el departamento dirigido por Elena Cortés informó en marzo de 2011 al Ayuntamiento de "la intención de no proceder a la renovación del contrato de arrendamiento" de estos locales una vez concluido el plazo establecido, y recuperar su posesión.

Conforme a los preceptos legales aplicables a estos supuestos, la Administración regional tenía que notificar la finalización del citado contrato con un mes de antelación. Al tiempo, Fomento alertaba de la existencia de una serie de mensualidades "pendientes de pago". Tras esta primera comunicación, la consejería insistió el 24 de octubre de 2012 con un segundo escrito dirigido a Urbanismo, reiterando "la voluntad expresa" del organismo regional de "no proceder a la renovación del contrato".

Por ello, la Junta considera que una vez vencida la mencionada ampliación "el contrato quedaría resuelto, por lo que el Ayuntamiento debía cesar en su ocupación y proceder a su correspondiente desalojo". Algo que, por lo que atestigua la consejera en su contestación, no ha tenido lugar. Por ello, Fomento ha iniciado "el oportuno procedimiento de recuperación de oficio".

En este escenario, es el delegado de Ordenación del Territorio y Vivienda, Diego Maldonado, el que, según la respuesta, emite una contestación dirigida al Gobierno andaluz en la que pone de relieve que el uso de estos locales "sigue siendo imprescindible" para la Administración municipal y que en todo el tiempo transcurrido el Ayuntamiento "ha actuado como si fuera el propietario de los mismos". Al tiempo, propone como alternativa la permuta de las citadas dependencias por suelo de equipamiento de titularidad municipal, "mostrando así su negativa a desalojar estos locales propiedad de la Junta".

Ante estos hechos, Maldonado fue claro. "Para nosotros es un problema desprendernos de un espacio que llevamos ocupando desde hace años y que nunca nos habían reclamado; pero tenemos la voluntad de encontrar solución que no pase por salir de estas dependencias". Entre otros motivos porque, según apuntó, la intención es que parte de las dependencias de Comercio puedan asentarse en este edificio. En relación a las supuestas deudas en materia de alquiler, el delegado municipal dijo ignorarlo, aunque recordó que si existen siempre se pueden compensar con otras que mantiene la Junta con el Consistorio.

De otro lado, en la misma respuesta parlamentaria, Elena Cortés, informa de la existencia de un acuerdo inicial con la propietaria del edificio que actualmente ocupa la Delegación de Fomento y Vivienda en la calle Hilera. El mismo permitirá al departamento rebajar el coste de alquiler mensual en un 25% hasta el 30 de noviembre de 2013. Pero para aceptar esa reducción, la propietaria exige que se prorrogue el arrendamiento hasta finales de 2015, eso sí, con una disminución en los pagos del 50%. Según los datos de la consejería, sólo hasta noviembre, el ahorro se cuantificaría en 110.693 euros, cifra que crecerá hasta los 241.513 euros en cada uno de los dos años de prórroga. Lo que suma un total de 593.721 euros.

En materia de ahorro de alquileres, Fomento también destaca el beneficio que ha supuesto la agrupación de los servicios de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía en un mismo edificio. Desde que se produjo el traslado en diciembre de 2010 de la Gerencia, del Parque Público de Viviendas, de la Oficina de Fomento del Alquiler y de la Oficina de Rehabilitación Singular se ha logrado un ahorro global de 124.047 euros (57.252 euros anuales).