Los dueños de viviendas irregulares esperan el sí del Parlamento para salvarlas
Los cambios en la LOUA posibilitarían la revisión de las licencias o dar permisos para acceder a los suministros básicos


Muchos ayuntamientos andaluces, asociaciones y propietarios de viviendas irregulares están expectantes mañana ante el debate del Parlamento que se inicia con la votación relativa a los cambios a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Éstos están basados en las enmiendas propuestas por colectivos como Save Our Home Axarquía (Salvemos nuestras casas en la Axarquía-Soha) que defienden la regularización de viviendas construidas en parcelaciones en suelo no urbanizable y el acceso de éstas y de otras en una situación similar a los servicios básicos como la luz o el agua.
Esta asociación siempre ha defendido la "buena fe" de los propietarios que adquirieron estos inmuebles pensando en que contaban con todas las autorizaciones y permisos que exige la Ley. Por contra, para colectivos como el Gabinete de Estudios para la Naturaleza de la Axarquía (Gena - Ecologistas en Acción) de aprobarse estas modificaciones relativas a la prescripción de las infracciones de parcelación ilegal en suelo no urbanizable, el gobierno andaluz caería en "una grave irresponsabilidad". Entra otras razones, según el criterio del portavoz Rafael Yus, "tendría consecuencias para el control del urbanismo salvaje". Sería como "premiar a los infractores y delincuentes urbanísticos una solución para escapar del peso de la Ley, y con ello facilitar el uso mercantilista de las viviendas construidas ilegalmente obteniendo la seguridad jurídica que vienen demandando para especular con ellas", recalcaba el representante de Gena.
A los ayuntamientos sin embargo les daría un respiro, ya que muchas de las licencias que fueron anuladas o que están inmersas en un expediente administrativo podrían ser revisadas. Sólo en el caso de Alcaucín podría afectar a más de dos centenares. Ello tendría entre otras consecuencias, según coincidían varios regidores axárquicos, en que ahorrarían a las administraciones locales unas indemnizaciones que las arcas municipales no podrían soportar. En caso de aprobarse estas modificaciones de la LOUA, el texto contempla la obligatoriedad de que los consistorios hagan un inventario de viviendas en un plazo máximo de dos años. También posibilitaría que éstos diesen los permisos oportunos para que los propietarios de las casas tuviesen acceso a servicios básicos como luz y agua. Actualmente, dada la situación ilegal en la que se encuentran, los Ayuntamientos no dan las autorizaciones que las empresas suministradores exigen a los dueños de casas para darles de alta.
Con respecto a la prescripción de las parcelaciones, esto supone que se podrá regularizar aquella vivienda que ha sido levantada sobre una superficie cuya finca fue segregada sin que urbanísticamente estuviese permitido. Los miembros de SOHA defendieron este supuesto, puesto que en muchos casos, se trataba de "compradores de buena fe" que adquirieron la propiedad sin saber qué se había construido en un terreno reparcelado. No tendrían sanción ninguna de las que ya han prescrito. Tanto el presidente de Soha, Philip Smalley como Mario Blancke portavoz del colectivo y alcalde de Alcaucín, se mostraron esperanzados en que todos los grupos del Parlamento apoyen estos cambios y puedan regularizar muchas de las viviendas asentadas en la Axarquía en el no urbanizable. En la comisión de Urbanismo contaron con el respaldo de todas las formaciones políticas con representación en la Cámara.
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