HACE unos días miríadas de jóvenes se manifestaron en casi un millar de ciudades de todo el mundo para mostrar su indignación con el sistema establecido y los poderes económicos. Lo que había comenzado cinco meses antes en la Puerta del Sol, con tono festivo, cobró ese fin de semana cobertura internacional y categoría de revolución no perecedera. El movimiento de indignados, nacido como respuesta a la invitación de dos nonagenarios, Stephen Hensel y José Luis Sampedro, es un fenómeno novedoso, fresco y esperanzador; una reivindicación social ante el fracaso de los modelos democráticos tradicionales para resolver los problemas, especialmente la pobreza, la injusticia social y la desigualdad.

Ahora bien, no deberíamos quedarnos con los brazos cruzados mirando a ver qué ocurre; ni quienes no participan en esas manifestaciones de indignados ni siquiera quienes lo hacen. La crisis económica mundial, que nos ha permitido percibir con nítida claridad problemas ya antiguos, comenzó hace más de cuatro años, con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, España y otros países, y sigue presente en nuestras vidas sin viso alguno de resolverse. Hablamos ya de segunda recesión sin sonrojarnos. Quienes afirmaron rotundamente que nunca llegaríamos en España a cuatro millones de parados no se sonrojan cuando ya estamos en cinco. Quienes vieron brotes verdes buscan a diario en el diccionario de eufemismos para no llamar a las cosas por su nombre y hablan de desaceleración del empleo o de crecimiento negativo, que en román paladino significa más ruina para familias, ciudadanos y empresas. Las administraciones públicas, que no admitían estar recortando ayudas sociales, ya reconocen abiertamente que los cajones están vacíos y que de donde no hay no se puede sacar y, además, que esto va para largo.

Los estudiantes de matemáticas saben bien que el mejor método para comprobar el comportamiento de la variable que se estudia es llevarla a los límites: qué ocurre cuando esa variable tiene a cero, o cuando tiende a infinito. Las temidas derivadas e integrales pueden ayudarnos a analizar fenómenos sociales y cotidianos con pasmosa claridad. ¿Qué ocurre con la eliminación, recortes o retrasos en las ayudas públicas que afectan a personas en alto riesgo de exclusión: mayores, enfermos, discapacitados, alcohólicos, drogodependientes y tantos otros, cuando esa situación tiende a cero? No a cero sólo en la cuantía sino a cero en el sentido de producirse en el ámbito más pequeño posible: la familia. Si en una casa hay una persona que requiere ayuda para su movimiento, cuidado, medicación o aseo, y el profesional que la venía atendiendo ya no lo hace porque no le pagan o el dinero que se recibía para ello ya no llega porque el ayuntamiento o autonomía de turno dice que se acabó, ¿la abandonamos a su suerte? La respuesta es no. La atendemos como sea con nuestros medios personales, es decir, haciendo directamente el trabajo los demás miembros de la familia o pagando con nuestro dinero a un profesional para que lo haga.

Volvamos al ámbito social. ¿Qué estamos haciendo tras cuatro años de recortes totales o parciales y de retrasos en las ayudas procedentes de los entes públicos? Quejarnos en privado, indignarnos en público y exigir a las administraciones que vuelvan a atender estas necesidades básicas. Bien, y mientras lo hacemos, ¿qué ocurre con las personas excluidas?, ¿ven suspendidos por un tiempo sus problemas y necesidades?, ¿se resuelven solos? No. Mayores, infancia, enfermos crónicos, personas dependientes, víctimas de adicciones al alcohol y otras drogas, pacientes de enfermedades raras y tantas otras situaciones fatales que afectan a miles de personas en nuestro pueblo, provincia, región o país, en el tercer mundo y en todos los rincones del planeta, van quedando desatendidos, dejados a su suerte, perdiendo todo el camino ganado en años anteriores. Simultáneamente, muchas personas que tienen en este trabajo su medio de vida van en cascada a engrosar las colas del paro. En España el 10% del PIB lo genera el sector social, dando empleo a 2,5 millones de personas.

¿Qué podemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Mientras legítimamente nos indignamos y exigimos justicia a los poderes políticos y económicos, demos también ayuda más o menos directa a los necesitados: en forma de trabajo voluntario o de aportaciones a organizaciones no lucrativas, que suplen obligaciones de las Administraciones Públicas, para que puedan seguir actuando. Para eso están y ahora son más necesarias que nunca. A ellas también les han cerrado el grifo de las ayudas. Es la forma más práctica, justa y útil de mostrar la indignación.