UNA buena parte del personal sanitario se ha sumado a las iniciativas de asociaciones, colectivos, colegios profesionales y organizaciones no gubernamentales y han asegurado que atenderán a cualquier paciente. Independientemente de su nacionalidad o su situación administrativa. Este compromiso que, seguro, apoyan miles de ciudadanos sirve como medicina para una buena parte de esta provincia, de Andalucía y de España, que sufre una enfermedad grave: el racismo. Una especie de tumor que no ha hecho más que agrandarse en los convulsos días que vivimos y que, inexplicablemente, se alimenta desde la Administración. Es el goteo de declaraciones anti inmigración realizadas por responsables políticos desde el pasado año electoral el que ayudado a que la enfermedad del racismo se expanda cada vez más. Tanto, que hoy puede parecer normal dejar sin acceso a la sanidad a miles de personas por una simple cuestión administrativa. Ojo, es un derecho fundamental, un derecho reconocido por la propia Constitución española.

Dejar morir a una persona puede que no sea exactamente lo mismo que pasarle factura por el tratamiento de una enfermedad crónica. O quizás sí. Lo que está claro es que el derecho a la vida parece haberse convertido en un derecho menor, en algo sin demasiada importancia. Porque, claro, la culpa de la crisis es de "esos inmigrantes que consumen hasta la saciedad nuestro sistema sanitario". Todos sabemos que es más difícil eliminar un prejuicio que crearlo; así que esta vez nos abstenemos de dar datos y más datos del poco gasto que supone la atención sanitaria a personas inmigrantes en situación administrativa irregular. O que es más caro atenderles sólo en urgencias. O que buena parte del crecimiento económico de nuestro país se sustentó sobre el esfuerzo de los trabajadores y trabajadores migrantes. Ni razonar sobre las diferencias entre inmigración y turismo sanitario (es tan irreal pensar en que alguien que escapa de un conflicto bélico, de una hambruna o de una dictadura venga aquí a operarse…). A veces es casi imposible intentarlo: Los poderes públicos se han encargado de decir que denegar la atención médica a una persona que no es de aquí acabará con la crisis. O que les atenderán, pero previo paso por caja. ¿Son personas o clientes? ¿Será una señal de lo que nos deparará el futuro al resto de la ciudadanía?

¿Para qué entonces las políticas públicas de convivencia, solidaridad e integración? Porque ahora es la sanidad, pero el mensaje racista va poco a poco calando en otros aspectos. La educación, los servicios sociales, el acceso a la vivienda o el empleo, por sólo destacar algunos sectores, se ven cada vez más salpicados de acusaciones xenófobas. De afirmaciones como que los recortes tienen que ver con los que vienen de afuera y no aportan al Estado o que son ellos los que se llevan todos los recursos sociales. Insistimos: ¿Para qué lanzan las administraciones mensajes de integración si luego cargan todas las culpas sobre las personas inmigrantes? ¿Para qué si no hacen más que ayudar a la extensión del tumor del racismo? Quizás sea buena parte de la clase política la que necesita una receta y una medicina para deshacerse de esta enfermedad y, con ello, ayudar a eliminarla de toda la sociedad.

Hay comunidades autónomas que han dicho que seguirán atendiendo a cualquier persona. Aún no sabemos cómo, ni lo saben los médicos. Lo que sí conocemos bien es que el acceso a la sanidad en Málaga nunca ha sido fácil para las personas inmigrantes. Este periódico recogía hace unos días historias como la de un joven británico de 35 años que perdió su empleo tras diez años trabajando, una mujer boliviana que trabaja como empleada de hogar, una niña rumana de dos meses, una chica marroquí embarazada o una mujer víctima de violencia de género de origen brasileño -entre otros- que han tenido dificultades para ser atendidos en el centro de salud en los últimos dos años. Todos aparecen en el último informe realizado por Málaga Acoge y Médicos del Mundo, que refleja un centenar de casos de personas extranjeras que se encontraron obstáculos para acceder a la sanidad. Y nada que ver con su condición: Hay trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, parados, menores, embarazadas, jóvenes en situación administrativa irregular...

El Real Decreto Ley 16/2012 sólo contempla el acceso de los inmigrantes en situación irregular a los servicios sanitarios en tres casos: urgencias, durante el embarazo, parto y posparto y a los menores de edad. Y sí, esta nueva norma nos parece una aberración. Una forma de atentar contra los derechos de las personas. Una forma de iniciar un proceso que no sabemos hacia dónde nos llevará. ¿Quién nos dice que mañana no serán los desempleados, los jóvenes, las familias monoparentales o nuestros mayores los que no puedan ir al médico? De hecho, esto ha pasado en nuestro país durante tres meses, hasta que el Gobierno dio marcha a atrás parcialmente en agosto modificando el contenido original de los colectivos beneficiarios. Por eso en mayo promovimos la iniciativa #Sanidadparatodos, a la que se adhirieron cerca de 200 colectivos y asociaciones y más de 21.000 ciudadanos de todo el país, que criticaba la reforma sanitaria y la consideraba "una vulneración del principio de equidad que guiaba hasta el momento las políticas de sanidad de este país". Por todo ello, desde Málaga Acoge seguiremos pidiendo una sanidad pública, universal y gratuita; una sanidad, en definitiva, para usted y para todos.