En el segundo fallo en una semana que enmienda una decisión del Supremo, el Constitucional, por siete votos a favor y cuatro en contra, da la razón al ex etarra y líder de EH Bildu Arnaldo Otegi al pronunciarse en contra de repetir el juicio por el caso Bateragune. Fortalecido por la dependencia del actual Gobierno de sus apoyos y aprovechando que en el documento redactado por el PSOE y Junts se aludiera a “situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política”, Otegi ha responsabilizado al Estado de prolongar los asesinatos de ETA: “Lo voy a decir con absoluta crudeza: el Estado no quería que la violencia armada de ETA desapareciera de la ecuación política de este país… El Estado trató de quitarnos de la circulación a los que estábamos tratando que eso ocurriera… El Estado quería provocar desórdenes dentro del movimiento vasco de liberación nacional, provocar escisiones y neutralizar el potencial político del movimiento independentista vasco… El Estado ha hecho todo para tratar de neutralizarles, desde la tortura a la guerra sucia pasando por el cierre de periódicos… No había razones jurídicas, sino de estrategia política… Seamos claros: ha sido un caso de lawfare con objetivos políticos claros… Han fracasado, porque este país es un país mejor, que vive con más seguridad y que avanza hacia escenarios de más libertad e igualdad. Y han fracasado porque en el conjunto de Euskal Herria, de los siete territorios, la izquierda independentista es la primera fuerza política. No lograron impedir un nuevo escenario político”.

Otegi es muchas cosas. Y por algunas de ellas fue condenado. Pero no es tonto. Se sabe fuerte y sabe que es el momento oportuno, por quien gobierna y de quienes depende para poder hacerlo, de ir más lejos en el blanqueo del terrorismo y la igualación entre víctimas y verdugos, y entre el Estado democrático y la banda terrorista –también se permitió decir que, si ellos reconocieron “nuestra responsabilidad en parte del sufrimiento que ha vivido este país”, es el momento de que “otros hagan lo mismo como contribución a la convivencia”–, acusando al Estado de prolongar por estrategia política el terrorismo etarra que él llama violencia armada y de manipular la justicia para neutralizar a quienes querían ponerle fin. Es más de lo que razonablemente puede aguantarse. Pero menos de lo que aún tendremos que aguantar.