Agentes del Seprona de la Guardia Civil han clausurado dos vertederos ilegales en la Axarquía, en los municipios de Algarrobo y Torrox, donde se recibían vertidos de toda la comarca axárquica procedentes de la construcción y la demolición, además de otros residuos peligrosos. En la operación, denomianda 'Cover', hay 14 personas investigadas que, según la investigación, habrían ganado 2,4 millones de euros con esta actividad.

En total, los agentes han inmovilizado 123.000 metros cúbicos de material, entre ellos residuos especiales como electrodomésticos, envases de pintura y neumáticos. Se estima que a estos vertederos podrían haber acudido más de 24.000 camiones en los últimos 10 años a verter de manera indiscriminada todo tipo de residuos, entre ellos algunos peligrosos, según ha informado este miércoles la Guardia Civil en un comunicado.

Los hechos han sido denunciados ante la Junta de Andalucía, que ha ratificado las medidas adoptadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ante la gravedad de los hechos, y se han incoado los preceptivos expedientes sancionadores.

La investigación se inició como continuación a las actuaciones que viene desarrollando el Seprona en la provincia de Málaga ante el problema ambiental que representan este tipo de residuos por su tratamiento inadecuado, segú han informado en un comunicado. Entre los impactos ambientales destacan la contaminación de suelos y acuíferos, el deterioro paisajístico y la eliminación de estos residuos sin aprovechamiento de sus recursos.

Vertedero de Torrox

En la primera actuación realizada en Torrox los agentes comprobaron que, en la zona afectada, una parcela de 6.328 metros cuadrados, se vertían de manera indiscriminada todo tipo de residuos. Este vertedero alcanzaba una altura de 6 metros, lo que suponía un total de 36.000 metros cúbicos de residuos sólidos acumulados en esa zona.

Se constató que en medio de este vertedero existía una torre de electricidad activa de media tensión que había sido semienterrada con todo tipo de residuos, estando los cables a escasos 4 metros de suelo, lo que suponía un grave riesgo para la integridad física de los trabajadores, agricultores y usuarios que frecuentaban las zonas colindantes ya que, en el lugar se trabajaba habitualmente con maquinaria pesada, creando un alto riesgo de impacto o rotura del cableado. Desde el año 2017 el Seprona ya había denunciado esta actividad en varias ocasiones por los mismos hechos. 

Vertedero de Algarrobo

En este caso la zona afectada por los vertidos indiscriminados del término municipal de Algarrobo alcanzaba los 8.730 metros cuadrados, llegando a una altura de 10 metros, lo que suponía un total de 87.300 metros cúbicos de residuos.

Durante la inspección del vertedero los agentes detectaron fuertes olores que emanaban del mismo ya que también existían residuos orgánicos. De igual manera, se detectaron numerosos ruidos procedentes del vertedero, presumiblemente debido a la inestabilidad de los residuos allí arrojados, lo que suponía un riesgo añadido.

Los investigadores comprobaron la existencia de dos pozos/sondeos con el que se regaban los productos de un invernadero colindante, con el consiguiente riesgo de verse afectado por las posibles filtraciones tóxicas generadas por el vertedero. Asimismo, se constató que el vertido de estos residuos había sepultado parcialmente un arroyo existente en la zona, impidiendo el trascurso natural de sus aguas.

Más de 24.000 camiones en 10 años

Se estima que en total se han vertido en estas dos zonas investigadas más de 123.000 metros cúbicos de residuos de la construcción y demolición (RCD), lo que supone que, a dichos vertederos podrían haber acudido más de 24.000 camiones durante los últimos 10 años.

En la operación se han investigado a 14 personas que podrían haber obtenido unos beneficios por esta gestión ilegal que ascenderían a más de 2,4 millones de euros. Actualmente se está investigado el posible daño ambiental que estos vertederos habrían podido causar al medio natural, para en su caso instruir diligencias por un supuesto delito medioambiental.