La Comisión Europea ha advertido a España sobre el riesgo de pérdida de fondos del Feader "por descompromisos automáticos" ante el inminente cierre de los Programas 2007-2013 (PDR anterior) a finales de año. La cantidad en riesgo de perderse porque España no la utilice puede superar los 1.000 millones de euros, de los que casi 421 corresponden a Andalucía, según los datos de Bruselas. Sin embargo, el viceconsejero de Agricultura andaluz aseguró a este diario que "a día de hoy esa cifra ya se ha rebajado a 368 millones" y calculan que el dinero que finalmente quedará sin pagar y efectivamente se perderá "no será más de un 3% del total de fondos" -2.079 millones- lo que equivale a unos 62 millones de euros.

Asimismo, según la Consejería todo el dinero disponible se ha comprometido, pero el pago final "depende mucho de terceros y hay una variada casuística que hace que al final haya dinero que no se puede pagar, bien porque el beneficiario ha renunciado o porque no lo ha podido justificar".

Hay que recordar que el sistema de envío de fondos de la UE a España es bastante flexible, porque deja que los fondos se usen hasta dos años después de que el presupuesto comunitario los consigna (regla "n+2"), pero si no se usan en este plazo se pierden. Por esta causa ya se perdieron 125 millones en años anteriores, correspondientes al Programa nacional, gestionado por el Magrama, y a los PDR regionales de Andalucía -que ya perdió 38 millones de fondos europeos-, Baleares, Extremadura, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana. Sea por rigideces de la gestión interna o por razones políticas, en España no se permitió en su momento que estos fondos se usaran en otras regiones que los necesitaban, siendo el único trasvase entre programas el que se hizo en 2010 desde el PDR nacional a los regionales. En el nuevo PDR esta situación ya no sería posible puesto que se han incorporado evaluaciones, de forma que la comunidad que vaya retrasada en su gestión puede perder fondos, que irán a otras comunidades dentro de España. Y, por el contrario, quien haya agilizado su gestión puede recibir más fondos de esas otras comunidades que se demuestren incapaces de gestionar bien los fondos que se les asignaron en un principio.

La situación actual de la que ha alertado Bruselas es desigual entre regiones, aunque es sintomático que las que están en mayor riesgo son casi las mismas que ya han perdido dinero en el pasado. Así, por porcentaje de fondos sin ejecutar destaca la situación de Madrid -con un 22,1% de sus fondos- y de Andalucía -con un 20,2% de sus fondos-. En cuanto a cantidades totales en riesgo, Andalucía es la que más dinero tiene en peligro con 420.864.212 euros de los 2.079 millones de euros en total de los que disponía para este periodo.

Pese a esta advertencia de Bruselas, desde la Consejería de Agricultura minimizan este riesgo y aseguran que no se debe hacer ninguna evaluación hasta el final del periodo el 31 de diciembre. Así, el viceconsejero de Agricultura, Ricardo Domínguez explica que "tenemos la característica de dejar siempre el peso del programa para el último momento de cierre de marco y en estos momentos estamos trabajando a todo gas en la verificación de las justificaciones y se está pagando cada semana".

A pesar de ello, Domínguez calcula que habrá una parte de estos fondos Feader que quedarán sin pagar y estima que esa cantidad no sobrepasará el 3%, frente al 20,2% que ha alertado Bruselas. De hecho, asegura que desde que Bruselas sacó el comunicado, hace pocos días, "ya hemos rebajado esa cifra que daban a 368 millones, lo que es un 18% o sea dos puntos menos en cuestión de días". En su opinión, al final el dinero que calculan que puede quedar sin pagar -y que por tanto volverá a Bruselas y se perderá para el campo andaluz- no sobrepasará el 3%, o sea 62 millones de euros.

En cualquier caso, el viceconsejero niega que ese dinero se vaya a perder por negligencia o desidia de la Administración, pues dice que "hemos comprometido el 100% de los fondos".

"Dependemos mucho de terceros", explica Ricardo Domínguez. "Si se concede una ayuda a una empresa o a un grupo o un agricultor, ese dinero queda comprometido, no se puede contar con él, pero si finalmente, por cualquier motivo ese beneficiario renuncia -lo que en estos años de crisis ha ocurrido con frecuencia porque no han podido lograr la financiación para la parte que les corresponde poner- o bien no puede justificar el gasto", el dinero no se paga. Según el viceconsejero, de ese 3% que quedará sin pagar la mayor parte corresponde a este tipo de casos y otra parte, a gastos que no están bien justificados al final y por tanto no se pagan. En este sentido, dice que es habitual que en un expediente haya un 10% ó un 20% de gastos que no están bien justificados -"no son elegibles"- y que por tanto no se paguen. Como esto ocurre en el último momento "ya no hay margen de maniobra para volver a comprometer el dinero", afirma el viceconsejero.

En este sentido, Vicente Pérez, director de Asaja Andalucía, dice que en una reunión reciente en la que la Consejería de Agricultura hizo balance de la ejecución del PDR 2007-2013 se les reconoció que efectivamente había -en ese momento- 421 millones pendientes de justificación ante Bruselas pero se les aseguró que la mayor parte de ese dinero estaba ejecutado y se podría justificar y pagar sin problemas.

En esa reunión con las organizaciones agrarias la Junta explicó que había cuatro bloques distintos de fondos sin pagar: un primer fondo de unos 25 millones de euros que han sido ejecutados por la propia administración y que se justificarían sin problemas antes de diciembre. Un segundo bloque de unos 115 millones, correspondiente a los programas leader de los grupos de Desarrollo rural (al viceconsejero de Agricultura esta cifra le parece excesiva y cree que está como mucho en 80 millones). Un tercer bloque de unos 180 millones corresponde a ayudas que se han concedido y que aseguran que también están justificadas y esperando la verificación; y hay un cuarto bloque de unos 100 millones que han ejecutado en diversos programas las agencias tanto de Medio Ambiente como la de Agricultura y que habían encontrado más dificultades de justificación. Sobre este cuarto bloque, según afirma Pérez, la Junta explicó que se estudiando la posibilidad de que algunos gastos se justificaran por el sistema de módulos, es decir, atribuyendo a cada trabajo un coste prefijado de forma que no hubiera que justificar cada uno de los gastos concretos que lleva esa tarea: por ejemplo, a limpieza forestal se le asignaría un tanto por hectárea en ver de justificar el coste del gasoil, mano de obra, etc. En este sentido, el viceconsejero Ricardo Domínguez matiza que esos problemas atañen sólo a la Agencia de Medio Ambiente y no a la de Agricultura (Agapa).

En este sentido, el director de Asaja Andalucía, Vicente Pérez, cree que hay que dar un margen de confianza a la Consejería para que efectivamente cumpla lo prometido y antes de diciembre se pueda justificar el dinero y no se vuelvan a perder fondos comunitarios. Hay que recordar que ya dentro de este marco de desarrollo rural de 2007 a 2013 se perdieron 38 millones de fondos de la UE -"que son 50 millones reales, matiza Pérez, si se les suma la cofinanciación nacional y autonómica"- porque no se lograron ejecutar a tiempo. De hecho, este PDR iba a contar en un principio con 2.117 millones de euros, que se quedaron en sólo 2.079 en 2014 ante la imposibilidad de cumplir el programa inicial. Otro hecho a recordar es que "el programa se inició con la promesa de la Junta de aportar -como fondos propios para sumar al programa- un total de 1.199 millones de euros y que esa cantidad se quedó luego en sólo 70 millones", según datos de Asaja.

El secretario general de COAG Andalucía, Miguel López, también espera que "no se pierda ni un euro" y asegura que no puede haber ninguna justificación para que un dinero que es tan necesario "y que tiene una cofinanciación tan baja" no se emplee en su totalidad. Y en ese sentido, insiste en que "no puede haber dinero sin emplearse cuando se han rechazado más de 3.000 solicitudes de ayudas a la modernización o se han dejado varios años sin convocar las ayudas a la incorporación de jóvenes, o se han dado ayudas a la modernización de regadíos que sólo alcanzaban al 30% del presupuesto".

López recuerda además las dificultades por las que está pasando el sector agrario, "con costes de producción en aumento -desde la energía a los fertilizantes- y sectores clave en peligro por la escasa protección normativa, que permite una gran desigualdad en la cadena de valor y que la gran distribución haga su agosto a costa de los productores". Por ello, asegura que no sería en absoluto admisible que se perdiera "ni un euro".

En cuanto al futuro, desde Asaja Vicente Pérez afirma que la experiencia de gestión de este PDR tiene que servir para hacer las cosas de modo más ágil, eficiente y transparente en el nuevo periodo que acaba de comenzar. "Hay que gestionar y ejecutar el dinero cuanto antes para no ir con carreras al final", dice. Y recuerda que en el nuevo PDR se corre el peligro de que si hay retrasos en la ejecución se trasvase el dinero de una autonomía a otra, mientras que por el contrario si se hacen las cosas bien se pueden captar fondos de otras comunidades. Para Pérez, en el nuevo periodo hay que hacer las cosas de otra manera, "con normas más claras para evitar las dificultades que ahora se encuentran a la hora de justificar los gastos y pasar los controles de Bruselas".