Almería

Casi cinco meses retenido en Taiwán por el accidente con una mujer en bicicleta

  • Retiran el pasaporte al joven almeriense Álvaro Carrión Torrente a la espera de un juicio que se eterniza porque lo habitual es alcanzar un acuerdo económico. Los familiares niegan la responsabilidad de la mujer fallecida a pesar de que invadió el carril en el que circulaba en ciclomotor el investigador natural de Olula

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Casi cinco meses retenido en Taiwán por el accidente con una mujer en bicicleta

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Una estancia de dos meses para investigar en Taiwán se convirtió en la peor de las pesadillas del joven olulense Álvaro Carrión Torrente, un doctorando de 28 años de edad de la Universidad de Granada. Desde el 7 de agosto permanece retenido en un territorio que España no ha reconocido como país al sufrir un accidente de tráfico al colisionar con una bicicleta que conducía de forma temeraria una mujer de 75 años que unos días más tarde acabaría perdiendo la vida. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Tainan, según ha relatado en una carta el propio Álvaro Carrión cuando recorría con amigos como cualquier otro turista sus calles en ciclomotor, un medio de transporte habitual entre los viajeros.

La primera resolución judicial del siniestro exonera de culpabilidad al joven retenido en el estado asiático porque existen grabaciones que evidencian su correcta circulación y la prueba de alcoholemia resultó negativa, si bien hay una parte de responsabilidad por la que se procedió a retirarle el pasaporte y es la carencia de la licencia internacional para la conducción. El doctorando almeriense cuenta que la fallecida hizo una serie de maniobras de riesgo e incluso un zigzag y acabó invadiendo su carril y propiciando la colisión entre los dos vehículos. Al caer se golpeó la cabeza con el suelo y circulaba sin casco, por lo que las heridas que sufrió acabaron siendo letales tras su ingreso en el hospital.

Después de llamar a emergencias y declarar ante las autoridades policiales se le indicó que no podría salir del país hasta que no hubiera resolución judicial por parte de la fiscalía o se alcanzara un acuerdo de indemnización económica con la familia de la víctima, que es el método más habitual por la lentitud y complejidad de los procesos derivados de los frecuentes accidentes de tráfico. Al no ser reconocido por España como país, la justicia optó por retirarle el pasaporte al joven almeriense al entender que una vez que dejara Taiwán no se podría reclamar la compensación ni exigirle responsabilidades.

La familia de la anciana ya recibió la indemnización del seguro de la empresa que alquila la scooter, si bien exigieron otro pago similar por parte del involucrado en este trágico episodio. Tras un primer encuentro entre los abogados se mostraron contrarios a reconocer la culpabilidad en el siniestro de la fallecida y exigieron en torno a 40.000 euros, la mitad de lo que ya habían percibido de la aseguradora. Y lo hacían con la ventaja de que el tiempo juega a su favor y son conscientes de que Álvaro Carrión estará retenido en su país hasta que haya acuerdo al demorarse algunas causas en los juzgados más de dos años.

Llevan dos meses sin atender su llamada ni las propuestas del letrado que el joven almeriense contrató en Taiwán. Álvaro Carrión sufre desde hace casi cinco meses un auténtico drama al no poder regresar con su familia y permanecer retenido, sin trabajo y con la preocupación de que podría perder su contrato de formación de profesorado universitario. De hecho, en octubre tenía cerrada una nueva estancia de investigación en Argentina que no ha podido realizar. "Esta situación está afectando seriamente a mi salud y a la de mi familia que sufren de estrés, depresión y frustración por lo que estoy viviendo". 

La Subdelegación del Gobierno de Almería está en contacto con la familia de Olula del Río con la firme intención de que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación pueda mediar con las autoridades de Taiwán para que el investigador pueda regresar a España para continuar con su vida y retornar al estado asiático cuando el juicio tenga lugar ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo justo con la familia de la fallecida. 

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