LA dimisión del director general de la Radiotelevisión de Andalucía (RTVA), Pablo Carrasco, ha sido explicada por el protagonista en base a razones familiares y profesionales, aunque no han sido ajenos a la misma los recortes en su retribución obligados por la política de austeridad y control del déficit público y las dificultades laborales que atraviesa la cadena. La reforma de la ley de creación de la RTVA, que obliga a unas mayorías parlamentarias cualificadas para la elección del nuevo director general (dos tercios en primera votación y tres quintos en segunda) y la actual correlación de fuerzas en la Cámara, tras las últimas elecciones autonómicas, conducen a una situación complicada: hará falta un pacto entre los dos grupos mayoritarios (PP y PSOE) para proceder al nombramiento del próximo responsable de la empresa pública de comunicación de Andalucía. Sin acuerdo entre populares y socialistas será imposible el relevo, y tampoco es pensable que pueda prolongarse indefinidamente la interinidad surgida tras la dimisión de Carrasco. Es imprescindible, por tanto, que los dos partidos con la mayoría suficiente pacten el organigrama de Canal Sur. Se equivocarían, no obstante, si pretendieran reducir el problema a un mercadeo sobre nombres y parcelas de poder en el que, por otra parte, el PSOE tendrá que contentar también a sus socios de gobierno de Izquierda Unida. El cese de Pablo Carrasco debe ser la ocasión para un replanteamiento general del contenido y el funcionamiento de esta empresa pública. Se trata de una compañía insostenible en sus condiciones actuales: muy cara, con una plantilla a todas luces inflada en el contexto del mercado audiovisual, que incumple los objetivos para los que fue creada, claramente propagandista en sus servicios informativos y que se mantiene gracias a las constantes inyecciones de dinero público, a la vez que se beneficia de ingresos publicitarios que son restados a las empresas privadas que arriesgan el dinero de sus accionistas, en un caso evidente de competencia desleal. A lo que están obligados PSOE, IU y PP es a debatir si Andalucía puede, en su situación económica y de déficits sociales acuciantes, permitirse el lujo de financiar una radio y una televisión de estas características. Y si la conclusión es que no puede, se trataría de redimensionar el ente, construyendo un modelo netamente orientado hacia el servicio público -su razón de ser, según la propia ley-, mucho más barato y neutral desde el punto de vista político e ideológico. Esta discusión debe hacerse en el Parlamento y estar abierta a toda la sociedad andaluza. Tal vez no haya una coyuntura más apropiada para cambiar un modelo que no sirve.