Cuatro años ha tardado el Gobierno en retomar las competencias sobre el Parque Nacional de Doñana (la gestión se transfirió en 2006) y mermar la influencia de la Junta de Andalucía en el Espacio Natural. El Ministerio pretende imponer la Ley de Costas en 9.200 hectáreas de la Reserva de la Biosfera, incluidos 4,8 kilómetros tierra adentro del Espacio Natural de Doñana. La incursión del departamento que dirige Elena Espinosa supondrá de facto una expropiación forzosa en toda regla desde la frontera de Matalascañas hasta la desembocadura del Guadalquivir (37 kilómetros). El Gobierno andaluz ya ha mostrado sus discrepancias.

El proyecto del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino no ha llegado a ser propuesto ni debatido por el Consejo de Participación de Doñana y conllevará que el Gobierno tendrá la última palabra en temas claves de conservación como la conexión rodada entre Almonte y Sanlúcar a través de la playa, el ordenamiento de los recursos marinos y pesqueros y el pronunciamiento sobre infraestructuras energéticas pendientes o futuras que incluyan la franja litoral, política de aguas e incluso el dragado del Guadalquivir. El deslinde gubernativo garantiza la protección de los parajes dunares, enebrales y todos los ecosistemas que se nutren de un espacio con una biodiversidad única en Europa y en el mundo.

La decisión del Gobierno, que no ha gustado a la Junta y ha dejado mudo al Ayuntamiento de Almonte (Huelva), se produce tras la polémica propuesta de autorizar una conexión viaria costera entre Matalascañas y Sanlúcar a través de la zona litoral en cuestión, la sucesión de vertidos de petróleo en la zona en los últimos tres años y precisamente cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha mostrado su preocupación ante el peligro de más vertidos de crudo.

El Ministerio ha colocado una doble lupa sobre la conservación de la Reserva de la Biosfera, que juega un papel fundamental a la hora de dar, o no, una buena imagen de España en Europa y en el mundo.

Sin formar mucho ruido para no dar la sensación de haber encajado un gol en sus competencias, la Consejería de Medio Ambiente mostró ayer sus discrepancias con el deslinde del Gobierno y apostó por otro alternativo que fija el dominio público marítimo-terrestre en la Flecha de Doñana. El Ejecutivo andaluz "no comparte la decisión del Ministerio de aprobar el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa correspondiente a Doñana en los términos en los que ha sido planteado".

La Junta recalcó que se trata de una discrepancia "puramente formal", relativa a la extensión del deslinde, pues, tal y como apunta, "en el fondo del asunto ambas administraciones, Junta y Gobierno central, coinciden plenamente en el objetivo de garantizar la máxima preservación de la franja litoral de Doñana". El departamento que dirige José Juan Díaz Trillo resaltó que, "en cualquier caso, el Gobierno andaluz entiende que la costa de Doñana goza ya del mayor grado de protección que un territorio puede alcanzar en España y en Andalucía".